El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, se comprometió ayer a impulsar todas las medidas necesarias dentro del ámbito competencial de la Junta para mejorar y limitar el control de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) para conseguir alcanzar la ratio legal de una licencia de VTC por cada 30 taxis, frente a la que actualmente se registra en Andalucía de una de estas licencias por cada diez taxis.
El consejero se comprometió con los taxistas a reforzar la cooperación de la Junta con los ayuntamientos para potenciar el control de los VTC y mejorar la eficacia en la inspección a través de la mejora de la formación de los policías locales, impulsando cursos específicos en la escuela de formación de estos cuerpos en colaboración con los municipios.
De este modo, López aseguró que «la Junta va a poner todas las capacidades legales que están a su alcance para facilitar el reequilibrio del sector e impedir que esta relación, que alcanza algunos casos como el de Málaga, una licencia VTC por cada cinco, se siga distorsionando, aunque la mayor responsabilidad para solucionar este conflicto esté en manos del Ministerio, que es quien tiene la competencia legal para adoptar los cambios normativos necesarios».
Asimismo, el consejero anunció que se pondrá en marcha el estudio de una iniciativa planteada por el sector del taxi, donde se harían a los ayuntamientos partícipes de la recaudación de sanciones en materia de transporte en aquellos expedientes en los que la Policía Local interviene, con el objetivo de incentivar su implicación en las labores de inspección, ya que facilitaría la obtención de ingresos económicos para las arcas municipales.
Se prevé, para el desarrollo de esta cooperación, la firma de convenios con los ayuntamientos, que contemplaría la posibilidad de compartir y poner a disposición de los consistorios la base de datos autonómica sobre los VTC que también se ha comprometido la Junta a elaborar. Esta base de datos, que la Consejería estima que sería más eficaz si fuese única, estatal y elaborada por el Ministerio, recogería todo lo relativo a materia de sanciones y todos los servicios precontratados, permitiendo el acceso a los servicios de inspección, tanto de la Junta de Andalucía como polcías locales y Guardia Civil.
Por otro lado, para limitar el crecimiento desmesurado de los VTC frente a los profesionales del taxi, la Junta aplicará a todos los expedientes de nuevas licencias VTC que se tramiten por sentencias judiciales favorables en vía contencioso administrativo, un precepto legal que faculta a los ayuntamientos a solicitar un informe sobre la situación del sector del transporte en su municipio, documento que puede justificar el rechazo de la concesión de dicha autorización si así lo consideran.
