El 70% de las comunidades de propietarios de la provincia de Málaga no están adecuadas a las necesidades de los residentes discapacitados, según cálculos del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, que se reunió ayer con la Agrupación de Desarrollo de Málaga para analizar la situación de este sector de la población. Por ley, el Real Decreto 8/2013 establece que para el día 4 de diciembre de este año tanto los edificios públicos como privados deben ser accesibles por medio de elementos como las rampas de acceso, los pasamanos o las sillas salvaescaleras. Sin embargo, tal situación dista mucho de poder cumplirse. De hecho, la Agrupación de Desarrollo, que engloba a 81 entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad, estima un horizonte de unos siete u ocho años para que se llegue al grado completo de cumplimiento.

El presidente del Colegio, Fernando Pastor, y el presidente de la Agrupación de Desarrollo de Málaga, Francisco Torres, recordaron ayer la obligación que tienen las comunidades de «llevar a cabo las obras precisas para que cualquier vecino con cualquier discapacidad pueda acceder a cualquier zona del edificio» pero admitieron que falta mucho para concienciar a la población sobre esta necesidad. La crisis económica tampoco ha ayudado mucho a que los propietarios se lancen acometer estas reformas. El porcentaje de comunidades que no cumple con la normativa es mucho más elevado en las zonas del interior de la provincia, donde el parque de viviendas es de mayor antigüedad.

«Los primeros que entonamos el mea culpa somos los administradores de fincas, porque gestionamos el 80% de las comunidades de vecinos de Málaga pero la verdad es que en tiempo de crisis es difícil plantear reformas y derramas entre los vecinos. Y las administraciones públicas tampoco han colaborado demasiado. Se ha prestado más atención a la rehabilitación de los edificios para su eficiencia energética que a la accesibilidad. Se habla más de la economía que de las personas», lamentó Pastor.

Ante esta tesitura, el Colegio planea una reunión con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para conseguir una mayor implicación de las administraciones en la accesibilidad. También se quiere impulsar, junto al resto de colegios andaluces, una moratoria de 18 meses para el cumplimiento de la normativa. Lo cierto es que más allá del 4 de diciembre, la legislación establece sanciones para quien no esté adaptado (las multas van desde 300 euros en el caso de las faltas leves hasta 600.000 euros para las muy graves) aunque el Colegio no cree que vaya a haber demasiados casos debido a la escasa incidencia de las inspecciones en este materia.

La normativa también estipula que los edificios, por ejemplo, deben de contar con un «espacio de reserva» para que estas personas puedan resguardarse en caso de evacuación (por ejemplo, si se declara un incendio).

Pastor sí aseguró que la institución que preside instará a todos los colegiados para que sus comunidades cumplan con esta ley. La propia sede del CAF Málaga, que ya está adaptada en gran parte a la normativa, será rehabilitada para cumplir con todos los requisitos.

Por su parte, Francisco Torres, el presidente de la Agrupación de Desarrollo de Málaga, denunció el «importante número de personas con discapacidad que están encerradas en sus propias viviendas sin la posibilidad de salir a la calle, sin posibilidad de participar en la vida social pública».

La obligación de adaptar los edificios también afecta a las piscinas de uso comunitario. Aunque el Colegio de Administradores no cuenta con datos concretos de instalaciones de este tipo que están adaptadas, la Agrupación de Desarrollo calcula que el porcentaje es incluso inferior al de los propios edificios.