La caza de brujas no ha terminado. Es más, se ha recrudecido. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Agencia Tributaria han llegado a un acuerdo por el que el primero facilitará a la segunda datos relativos a la actuación de los abogados españoles en los procedimientos judiciales de 2014, 2015 y 2016, con el fin de buscar irregularidades fiscales en las minutas percibidas por los letrados o en pagos entre un cliente y otro tras un procedimiento judicial, lo que rechaza el Colegio de Abogados de Málaga no sólo porque atenta contra su derecho al secreto profesional, sino contra la misma Ley de Protección de Datos.
Ya intentó el fisco meter mano a las minutas de los colegiados, de forma que hace unos años requirió a los colegios las minutas discutidas en la Comisión de Baremos de diferentes colegios, con el fin de buscar irregularidades fiscales. Cuando se hace una jura de cuentas o una tasación de costas, si la parte obligada al pago la considera excesiva, el juzgado, a instancias de esa parte, puede pedir un dictamen al colegio, informe que, por cierto, no es vinculante, sino que al final es el secretario judicial al que decide. Fue estos datos los que Hacienda pidió a los colegios, de forma que la institución malagueña se negó, porque en palabras de su decano, Francisco Javier Lara, «ni tiene trascendencia tributaria y, además, atenta contra la Ley de Protección de Datos». Aquella batalla fue ganada por el Colegio de Abogados de Málaga en diferentes instancias.
Recordatorio
«Se recuerda a los compañeros que en mayo de 2013 la Agencia Estatal de la Administración Tributaria requirió al colegio para que aportara la relación de dictámenes referentes a las minutas de los colegiados entre 2009 y 2012, pretensión que fue recurrida ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía, quien acordó estimar dicho recurso, anulando el acto administrativo impugnado por no encontrarlo ajustado a derecho. Dicha resolución fue recurrida, a su vez, ante el Tribunal Económico-Administrativo Central por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria del fisco, contra el que el colegio formuló las correspondientes alegaciones en agosto de 2015.
Ahora, Hacienda trata de mover el árbol para ver si caen manzanas. El Colegio de Abogados de Málaga expresó ayer su rechazo frontal al acuerdo, de forma que se niega a que los juzgados y tribunales faciliten dichos datos, dado que el concepto de «trascendencia tributaria es ambiguo y jurídicamente indeterminado» y además es información protegida dada «la cesión de los datos del justiciable y la naturaleza del procedimiento en que participa, con carácter general, sobre 23 millones de asuntos judiciales, que son conformes al ordenamiento jurídico». «Esta es la cuestión principal, con independencia de que, además, esta decisión siempre de forma indiscriminada e injustificada la sospecha sobre el recto proceder de los abogados», aseguró el colegio en un comunicado.
El decano insistió en que ya dijo que no a las pretensiones de la Hacienda Pública, agregando que esos datos no tienen «trascendencia tributaria», dado que los dictámenes de los colegios no son vinculantes y además contienen datos protegidos por la normativa estatal. «No cabe hacer una inspección indiscriminada de un colectivo como el de los abogados. Yo y los abogados malagueños no cobramos ninguna minuta o actuación en dinero B, quiero que todo el mundo pague el Impuesto de Valor Añadido (IVA), pero temo que de lo que se pide hay datos que podrían perjudicar a los clientes de los letrados, es un cerco de Hacienda que no es legal, es, como se ha dicho, una caza de brujas contra los abogados y sus clientes, de forma que lo abonado por un ciudadano en un pleito para defenderse no tiene por qué ser conocido por el fisco», aclara Lara.
En su opinión, no se trata sólo del escaso número de minutas no declaradas por determinados letrados, sino que la petición de información podría centrarse incluso en el pleito entre dos clientes de forma que uno, por ejemplo, es condenado a pagar a otro 50.000 euros. «¿Qué ocurre si ese pago no se ha hecho efectivo? ¿Qué sucede si el juzgado continúa, verbigracia, buscando bienes al condenado? ¿Se va a usar una información de una cantidad no abonada para perseguir fiscalmente a alguien?».
«Es una persecución»
«Es una persecución a los ciudadanos en general, una información solicitada que, por cierto, genera una inseguridad jurídica tremenda, algo de lo que siempre hay que huir en Derecho», reflexiona Lara, quien se queja del acuerdo adoptado entre ambos organismos.
La Agencia Tributaria realiza inspecciones periódicas a diversos colectivos con el fin de buscar anomalías fiscales en su proceder, lo que se conoce como campañas del Fisco. De hecho, han sido objeto de estas actuaciones, por ejemplo, los asesores fiscales y los chiringuitos, lo que en su momento provocó críticas.
