Más de medio millar de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han acudido esta mañana a la convocatoria de la plataforma Jusapol, que acoge a miembros de los dos cuerpos para reivindicar la equiparación salarial de estos dos cuerpos con las policías autonómicas, para pedir un incremento de sueldo en ambos cuerpos que los equipare a las policías autonómicas. La concentración, realizada en la puerta de la Subdelegación del Gobierno, ha coincidido con manifestaciones similares en toda España, en la que se han movilizado miles de agentes.

Bajo el lema #equiparacionya, esta plataforma denuncia que desde 2008 se les ha bajado un 5% el sueldo, aumentando la brecha salarial con los cuerpos policiales autonómicos como la Policía Foral navarra, la Ertzaintza o los Mossos d'Escuadra. Así, un Mosso d'Escuadra cobra hasta 600 euros mensuales más que un policía nacional.

En un comunicado de la plataforma, los funcionarios policiales exigen al Gobierno que, de forma inmediata, «presente al Parlamento el proyecto de ley por el que se produzca la igualdad salarial entre las policías» del país. También piden a los grupos políticos su aprobación o que, en su caso, «den el impulso legislativo necesario» para hacer efectiva esa equiparación.

Critican «la doblez entre la voluntad y la decisión de tratar de forma justa las retribuciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, lo que constituye un comportamiento inadmisible, injusto y discriminatorio» y recuerdan que la justicia reclama de los poderes públicos que todos sus servidores «sean tratados dignamente; que la igualdad sea respetada y no se produzcan agravios comparativos».

Denuncian diferencias de trato de los poderes públicos hacia la Policía Nacional y la Guardia Civil, algo que «carece de justificación y de amparo normativo», un trato que se mantiene en el tiempo «pese a las declaraciones sobre su injusticia y la necesidad de evitarlas». Los funcionarios de ambos cuerpos recuerdan que tienen a su cargo todas las competencias y funciones de seguridad y protección ciudadana y asumen riesgos, al igual que los policías de las diferentes autonomías; destacan su vinculación a la ley y su actuación con respeto a la Constitución y destacan que su acción se enmarca «en la dialéctica propia del ejercicio y uso de la fuerza frente a quienes la ejercen ilícitamente y asumen el riesgo de sufrir sus efectos».

Por último, indican que su fin último es el respeto y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y son estos agentes los encargados de servir a los poderes mediante el uso y control de la fuerza.