Vicedecano de la Facultad de Derecho de la UMA

"Todos piden diálogo, pero no hay voluntad, ni del Gobierno ni de Cataluña"

El catedrático Ángel Rodríguez Vergara analiza la convulsa relación entre España y Cataluña, que atraviesa un momento tan empantanado como peligroso

08.10.2017 | 05:00
Ángel Rodríguez posa para la entrevista en la Facultad de Derecho.

No le resta gravedad a la situación: asegura que se trata de una crisis superior, incluso, por sus connotaciones, a la del 23F. Y propone una receta diariamente burlada en las calles y en los telediarios: la del acuerdo, la de la vía negociada. El experto ve con buenos ojos la configuración de un Gobierno de concentración. Y critica al Gobierno por su falta continuada de respuesta.

El conflicto catalán se encrespa. Con una voracidad insaciable, tocando todos los espacios discursivos. Incluidos los domésticos, los teóricamente fuera del juego de la política como el fútbol, los bares, anteponiéndose a las riñas domésticas, introduciéndose como nueva brecha social. A veces, incluso, dentro de las propias familias. Cada cual exponiendo su opinión. De manera unilateral, que está de moda. Generalmente sin mesura. El catedrático Ángel Rodríguez pone el freno y saca la Constitución; no al modo de la Biblia, sino como punto de partida para examinar todo lo que está ocurriendo y evaluar una realidad que parece empeñada en mutar y en enmarañarse. ¿Habrá entendimiento? De momento, y a la luz de los últimos encuentros, parece ingenuo pensarlo; mucho más que una utopía.

Una semana después del referéndum, las diferencias entre España y Cataluña parecen cada vez más insalvables. ¿Existe todavía margen para una solución consensuada?
Es evidente, y más a estas alturas, que cualquier salida tiene que ser negociada. El independentismo, aunque no representa a la mayoría, es apoyado por aproximadamente el 48 por ciento de la sociedad catalana. Y eso hace inviable cualquier otra alternativa. Incluida, por supuesto, la de la fuerza. Ahora bien, el escenario será muy distinto y dependerá de si se produce la declaración unilateral de independencia. La aprobación dilataría mucho en el tiempo cualquier tipo de respuesta porque obligaría primero, en todo caso, a restaurar la normalidad. Y, después, o se mete en un cajón y se deja sin efecto, cosa que tampoco sería tan rara conociendo a la Generalitat, o se abriría un periodo difícil para negociar. Y más si se pone sobre la mesa la opción del referéndum, que exigiría una reforma constitucional con un peaje muy alto, además de la celebración obligatoria de dos elecciones consecutivas en España.

¿Es el único itinerario para una consulta pactada? ¿Se trata de un camino sin atajos?
Desde el punto de vista jurídico la vía menos costosa sería la canadiense. Es decir, invertir los términos: autorizar en primer lugar una consulta no vinculante y, posteriormente y, siempre que se diera una mayoría lo suficientemente clara, iniciar el proceso de reforma constitucional . Eso implicaría un clima de diálogo. Y aceptar que un hipotético Sí no conllevaría en ningún caso la independencia, sino la obligación por parte del Gobierno de empezar a negociar. Trasladar el modelo a España es complicado.

¿Y el famoso artículo 155?¿Se aplicará finalmente?¿Cuáles serían las consecuencias?
El artículo 155 no se ha aplicado nunca y sus límites son muy difusos. Lo que no permitiría es suspender la autonomía. Para eso se necesitaría una reforma tan compleja como para hacer que Cataluña se independice. El 155 es una solución provisional, con un periodo de vigencia acotado previamente por el Senado y que se utilizaría en exclusiva para disolver el Parlamento Catalán y convocar elecciones. Llamar al electorado sería, llegado el caso,una vía sensata. Y más que probable. Especialmente, si hay declaración unilateral. Otra cosa es que la Generalitat la acate.

Supongamos entonces que se celebran elecciones y surge un Parlament mayoritariamente inclinado hacia las tesis separatistas. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Volver a empezar?
Repetir el proceso no tendría evidentemente ningún sentido; si se llega a ese punto no habría más remedio que asumir los resultados y aceptar al nuevo gobierno catalán como único interlocutor posible. Lo que dudo que haya es voluntad negociadora. Por ninguna de las partes. Todos piden diálogo, pero por el momento nadie está dispuesto a ceder; ni la Generalitat a modificar su posición ni el Gobierno a hablar de independencia.

Muchas voces reclaman un nuevo Gobierno de concentración en el que también haya representantes de otros partidos e, incluso, de la sociedad civil.
El Gobierno está en una situación muy precaria. Y es obvio que lo primero que tiene que hacer para negociar es reforzar su propia posición. Un gabinete de concentración, plural y configurado de manera imaginativa, podría ser una solución. Pero para eso primero hay que ganarse la confianza del resto de partidos. O, al menos, del PSOE y de Ciudadanos. De nada sirve crear una comisión para negociar si no cuenta con respaldo; el Congreso podría derribar cualquier decisión.

¿Peligra la continuidad de Rajoy?
La figura de Rajoy está muy debilitada. Ha sufrido un gran desgaste, pero, desde un prisma estrictamente constitucionalista, la configuración de un gobierno conjunto no tendría por qué comportar un proceso de investidura. Bastaría con una reformulación de los nombres y tareas, y eso es una potestad que la ley otorga al presidente, que no requiere de ninguna votación. En cualquier caso, sería necesario convencer al Parlamento.

¿Y si optara precisamente por convocar elecciones para obtener más escaños y aumentar su poder? Las encuestas sugieren una subida del PP.
Ni el PP ni Rajoy deberían caer en ese error. Sería anteponer los intereses del partido a los del país, porque es obvio que un Gobierno en funciones haría un flaco favor a cualquier tipo posible de solución. Sería introducir un nuevo retraso y, además, un nuevo interrogante. Y eso sin mencionar el riesgo de que se repita el espectáculo de la última investidura, con dos elecciones y una complicadísima negociación.

Las imágenes de las cargas policiales han dado la vuelta al mundo. ¿Hubo abusos y desprotección?
El mantenimiento del orden público puede exigir en determinadas ocasiones el uso de la fuerza. Dicho esto, y en lo relativo al famoso 1-O, da la sensación de que nos faltan datos: no nos han suministrado partes y documentos oficiales que permitan conocer de manera objetiva todo lo que ocurrió. Por lo que hemos visto a las imágenes parece que pudo haber actuaciones puntuales desproporcionadas, pero en términos generales, por lo que sabemos, no parece que sea así. Lo que sí hubo fue una incompetencia técnica clara por parte del policía y del encargado de diseñar la estrategia, puesto que el objetivo era impedir que la gente entrara en los colegios. Y eso se consigue llegando antes y acordonando la zona, porque de lo contario, se trata de un desalojo y eso siempre es potencialmente más violento.

¿En qué medida ha cambiado la red de apoyos a nivel internacional? Las críticas a la actuación del gobierno español han sido numerosas.
El daño ha sido importante. Especialmente, en términos mediáticos y de respaldo fuera del país. Hubo un momento en el que el Gobierno tuvo que elegir si pagaba el coste del uso de la fuerza o de que se celebrara el referéndum, es decir, escoger entre la foto de la porra o la de la urna, y acabó decantándose por la opción más desastrosa de todas, que fue la de pagarlas las dos al mismo tiempo, porque hubo imágenes de violencia y también de que se produjo una votación. Quizá habría que haber reservado la parte coactiva para las semanas previas; impedir que llegaran las urnas, desarbolar la información.

La polémica llega, incluso, hasta el Rey. Su último discurso ha sido tan elogiado como rechazado. ¿Hubo complejo del 23F, síndrome de emulación?
Es cierto que puede haber analogías con el 23F, pero estamos hablando, en líneas generales, de una crisis de mucha más envergadura, porque no son cuarenta militares y cuatro tanques, sino una parte relevante de la sociedad civil. El discurso puede que fuera un poco sobreactuado, que se echara de menos más guiños simbólicos hacia el sector de la sociedad, la independentista, a la que no se dirigió. Pero lo que no se puede pretender es que al Rey se le exija de repente un papel distinto al que le marca la Constitución, que sea parte de la solución. Que haya gente que le critica por eso denota la falta de liderazgo de la persona a la que su cargo obliga a asumir esas funciones, que es el presidente Mariano Rajoy.

¿En qué medida es responsable el Gobierno de que se haya llegado a esta situación?
El Gobierno es responsable, en primer lugar, por su actitud con todo lo que rodeó al Estatut. Es cierto que los artículos que rechazó el Tribunal Constitucional fueron pocos y no tan graves, pero también que no había necesidad de recoger firmas ni de preguntar sobre su constitucionalidad. Los contenidos menos claros se podían haber modificado por otras vías. Y más cuando el texto venía respaldado por las urnas, el parlamento autonómico y el nacional. Luego está la falta de atención; Cataluña ha estado durante años dando muestras de descontento y el Gobierno no ha hecho nada al respecto. Ni siquiera escuchar.

¿El enfrentamiento de Cataluña podría reproducirse en otros puntos de España? ¿Hay riesgo de un efecto contagio?
Sería, sin duda, lo más lamentable. España cuenta con regiones o nacionalidades, por enunciarlo en los términos que prevé la Constitución, donde existe una gran reivindicación cultural y política de origen nacionalista. El error estaría en extender ese modelo, en fabricar esos conflictos donde no los hay. La derivada es el sentimiento de agravio. Y en ese punto Andalucía tiene una gran responsabilidad a la hora de resolver el problema del encaje territorial de Cataluña; los andaluces tienen que ser generosos en el reconocimiento de las diferencias. Sobre todo, a nivel identitario y simbólico, defender que Cataluña pueda ejercer su derecho a la lengua y a su identidad. Y, al mismo tiempo, estar vigilante para que ese reconocimiento no implique privilegios económicos ni la ruptura de los cauces de solidaridad. En definitiva, que el nacionalismo, sobre todo, donde no tiene arraigo, no sea la única vía para no quedarse atrás.

"No creo que el ejército intervenga ni que se de el estado de excepción"

Los últimos acontecimientos y la falta de concordia han empezado a agitar en algunos sectores el temor a una solución que implique el concurso del ejército, a una militarización, en suma, de Cataluña. ¿Hay riesgo real de que se produzca? ¿Se podría llegar hasta ese extremo a todas luces indeseable?
A nivel teórico no se puede decir que ese riesgo no exista, aunque veo poco probable que se alcance una fase de este tipo. Lo primero que habría que hacer es matizar, determinar que significa que el ejército intervenga, porque eso ya está ocurriendo en ciudades como Londres o París, aunque por motivos muy distintos. El concurso de los militares implicaría, en cualquier caso, la declaración del estado de excepción. Y no creo que se llegue hasta ese punto. No ocurrió en circunstancias más graves; ni con la Transición ni con la violencia etarra. Mucho tendría que degenerar la situación para que se necesitara una acción coactiva por parte del Estado. Y en el caso que se diera, probablemente bastaría con la policía.

Algunas empresas y entidades financieras ya han anunciado que trasladarán su sede fuera de Cataluña. ¿Cuáles serán los efectos económicos de todo este proceso?
Los costes económicos serán muy altos para toda España. Toda esta incertidumbre es muy perniciosa. Por no hablar de la salida de la Unión Europea, de la zona euro, que, en el mejor de los casos, comporta un periodo de tiempo de reajuste. Existe ese discurso feliz de que Cataluña será autosuficiente, con una economía boyante, pero eso a medio plazo lo veo más que complicado. Mientras tanto cualquier empresa importante va a preferir poder operar en el resto de España, que tiene un mercado mayor, único y europeo, que convertirse de la noche a la mañana en una firma extracomunitaria, con obligación de pagar aranceles.

¿Tiene sentido todavía hablar de la alternativa federal?
Tiene sentido en la medida que se trata de un término de los que apaciguan. Ocurre lo mismo que cuando se discutía entre región y nación; el concepto que más calme los ánimos, el que haga que más gente se sienta cómoda es el que se debe emplear. En la práctica nuestro estado autonómico se parece mucho al federal y los puntos de diferencia no son precisamente los que están ahora en discusión. Quizá, para ese objetivo, convendría más seguir con lo de nación, es decir, definir a España como una nación de naciones, entendiendo por éstas entidades culturales propias, pero sin soberanía. Puede que el Tribunal Constitucional tuviera que haber afinado más: lo de Cataluña como nación figuraba en una esquina del Preámbulo del Estatuto. Y ahí debería continuar.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Concursos de La Opinión

Gana una mariscada para dos personas en Los Mellizos

Con motivo del las jornadas I love #Marisqueando sorteamos, en colaboración con restaurantes Los Mellizos, dos mariscadas especiales para dos personas. Responde a las preguntas del cuestionario y entrarás en el sorteo. ¡Buen provecho!


La Opinión, en tu WhatsApp


Apúntate, es gratis

Toda la actualidad de Málaga, en tu móvil con nuestras alertas informativas por WhatsApp



Enlaces recomendados: Premios Cine