El portavoz del equipo de gobierno y teniente de alcalde de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Carlos Conde, critica que el Grupo Municipal Socialista fue «el único que votó en contra de las bonificaciones mortis causa que se aplican en 2017», una medida que, para él, tenía un «grandísimo valor social», porque «independientemente del valor catastral, cualquier persona que no superara el IPREM por 1,7 tenía automáticamente el 95% de bonificación».

A ello añade que el PSOE, cuando María Gámez era la portavoz, llevaba en su programa la eliminación del requisito de convivencia de forma progresiva y siempre vinculado a la renta, por lo que Conde señala: «Lo peor es que ellos, en los municipios en los que gobiernan, no aplican estas bonificaciones. Qué falta de responsabilidad en relación al equilibrio presupuestario, eso sin contar que votaron en contra de los intereses de esos beneficiarios». «La responsabilidad del bienestar social depende de la redistribución de la riqueza», subraya.

También atacó a los socialistas por que el tipo impositivo de la plusvalía era del 230% en tiempos de Pedro Aparicio, alcalde del PSOE hasta 1995; y, sin embargo, apunta, «el PP lo bajó al 29%». «Según el discurso de la izquierda, el pago de impuestos debe ser proporcional al poder adquisitivo, y aquí se defiende otra cosa».

El PSOE ha iniciado esta misma semana una campaña para reclamar la eliminación de ese requisito y critica a los populares, que ya han dicho que habrá que esperar a lo que hagan tanto el Gobierno como la FEMP. El PP logró cambios importantes en el Impuesto de Sucesiones, después de que Cs, socio del PSOE en Andalucía, optara por no aplicarlo a personas con hasta un millón de euros de patrimonio. Defiende Conde que la repercusión de esos ingresos en el presupuesto de la Junta es del 0,24%, 83 millones de euros.