Jose Piqué, exministro del PP en los gobiernos de Aznar, empresario y economista, ha estado estos días en Málaga como presidente de la Fundación Consejo España Japón por la celebración del foro en el que 150 representantes empresariales y de la administración pública de ambos países han analizado los efectos de la globalización y la cuarta revolución industrial. Afirma que la decisión de elegir a Málaga como sede de la XIX edición del foro «era casi cantada» por ser «una de las ciudades españolas con más sensibilidad hacia la tecnología y la innovación», con realidades como el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y la implantación de compañías japonesas como Fujitsu. Sobre el tema catalán, ve inevitable la aplicación del artículo 155 que prepara ya el Gobierno aunque pide que se haga con prudencia. «De lo que se trata es de no estropear las cosas más de lo que ya están», explica Piqué, que postula como mejor salida posible la convocatoria de unas elecciones autonómicas que, a su juicio, deberían celebrarse a lo largo del primer trimestre de 2018.
¿Ve a España bien preparada para el reto de la revolución digital? Siempre se nos ha achacado estar faltos de industria y muy orientados al sector servicios.
Es uno de esos ejemplos en los que tenemos que aumentar nuestra autoestima. Los españoles siempre tenemos la tentación de minusvalorarnos y no reconocer nuestras propias capacidades. Y tememos algunas cosas muy importantes: parques tecnológicos como el de Málaga enormemente eficiente, una red de fibra óptica en conectividad que probablemente está entre las mejores del mundo, gente preparada pero evidentemente siempre hay muchas cosas que hacer. Celebro que por primera vez un gobierno español haya introducido la Agenda Digital entre sus prioridades, incluso asignándole un ministerio concreto. Es un reconocimiento de que queda por hacer, entre otros motivos porque esto va tan rápido que quien en algún momento se tome un respiro se va a quedar atrás. Hay que ser muy autoexigente.
¿Hay que variar mucho el modelo educativo para subirnos al carro de la digitalización?
España siempre ha tenido en el sistema educativo uno de sus principales déficits. No es una casualidad que al final la valoración de los organismos internacionales, y hablo del informe PISA, nos digan que ahí tenemos serios problemas. No hemos sabido articular consensos. Pero a ese problema de fondo, que viene de lejos, se le añade otro que es el que deriva del carácter rupturista y disruptivo de la revolución digital porque dentro de diez o quince años probablemente más de la mitad de los puestos de trabajo tendrán que ser ocupados por profesionales de cosas que todavía no sabemos qué van a ser. Eso implica la introducción de dosis extraordinarias de flexibilidad en nuestro sistema educativo para adaptarlo a esa demanda que va a venir. No es tiempo de las carreras tradicionales, de la FP tradicional, tiene que ser algo muy dinámico, muy proactivo y, por lo tanto, imposible de hacer si no hay una gran colaboración entre el sector público y privado. Ése es un reto absolutamente fundamental.
En el tema del empleo, ¿creará esta revolución más puestos de los que puedan desaparecer?
Es una duda recurrente. Siempre la ha habido en las revoluciones industriales anteriores, por ejemplo cuando se introdujo la máquina de vapor. La experiencia nos demuestra que cada revolución tecnológica ha destruido puestos de trabajo tradicionales pero ha acabado creando puestos de trabajo nuevos y al final el mundo está mucho mejor que antes. Ahora tenemos la gran incógnita de si va a suceder lo mismo o no. Hay debates de muchísimo fondo. La propia robotización puede implicar efectivamente que los trabajos más reiterativos ya no estén en manos humanas pero la inteligencia artificial puede generar que incluso trabajos no físicos sino mentales pueden ser desarrollados por máquinas. Por tanto, ya no es sustituir sólo la fuerza física sino también las neuronas. Todo esto es algo completamente nuevo y nos lleva a plantearnos, por ejemplo, si para sostener el Estado del Bienestar y la Seguridad Social y el sistema de pensiones no hay que poner un impuesto a los robots, como argumentan algunos. No hay conclusiones claras. Yo me quedo con el optimismo de pensar que así como en el pasado las revoluciones tecnológicas nos han ayudado a progresar, ésta, inevitablemente debe hacer lo mismo.
En Málaga tenemos la fábrica de Fujitsu Ten España, que ha cumplido 40 años y que sirve a toda Europa, o la sede de TDK. ¿Japón nos valora?
Japón conoce y valora a Málaga. Hay un compromiso, en el caso de Fujitsu, de hace muchos años muy fuerte. Se encuentran muy a gusto y por lo tanto lo que hay que procurar es que además de producir, Málaga también tenga capacidad innovadora para atraer talento de muchos sitios. Tiene que haber una gran colaboración con el mundo académico y universitario y buscar esa complicidad entre el sector público y privado. Málaga tiene una gran oportunidad.
Sobre Cataluña, ¿esperaba en sus pensamientos más pesimistas que la situación pudiera llegar hasta aquí?
La verdad es que no. Creo además que si se ha llegado tan lejos es porque muchísimos de nosotros no creíamos que iban a ser capaces de llegar tan lejos. Parece una paradoja pero es así. Ahora estamos ya en una situación en que el restablecimiento del orden constitucional se hace inevitable. No podemos mantener una situación en la que se han transgredido las leyes y eso no tiene consecuencias. Tenemos que ver los acontecimientos en los próximos días. Hoy (por ayer, jueves) se ha producido ya la respuesta al requerimiento por parte del Govern y la respuesta del Gobierno español diciendo que no es satisfactoria. El sábado, en Consejo extraordinario de Ministros, se va a plantear ya el contenido concreto de aquello que se va a someter al Senado para la aplicación del artículo 155.
¿Comparte esa decisión?
Creo que es absolutamente inevitable que eso se haga. No hay alternativa a reestablecer el orden constitucional. Si no, no seríamos un país que pueda ser tomado en serio. De lo que se trata es de minimizar los daños. Aunque hay daños que ya están hechos, que va a costar mucho de recomponer y que a mí, personalmente, me producen una enorme tristeza. Por ejemplo: se ha dividido dramáticamente a la sociedad catalana, que está desgarrada. Y ahí el principal riesgo, que hay que intentar por todos los medios evitar, es que ese desgarro se traduzca en enfrentamiento civil. Pero también hay otro daño muy serio sobre las propias instituciones. El propio Parlament de Cataluña ha pasado a ser una mera correa de transmisión de un determinado proyecto político y no cumple con las funciones propias de lo que debe ser un parlamento democrático. Otra gran víctima del proceso es la ciudad de Barcelona; su capacidad de proyección internacional es muy difícil que se mantenga si ya no eres una capital financiera, una capital editorial, una capital del medicamento y del sector farmacéutico y si eres menos capital turística de lo que eras porque la caída de la demanda está siendo absolutamente brutal. Y todo eso va a costar mucho de reconstruir. Es como otras cualidades en la vida: uno puede ir cuidando su honradez y su honestidad toda la vida y eso cuesta mucho, pero lo estropeas con un solo acto deshonesto. Creo que la responsabilidad de los políticos independentistas en ese sentido es altísima y habrá que pedirles explicaciones.
¿Debe ser a su juicio muy prudente la aplicación del 155?
Sin duda. Es verdad que el artículo 155 en el límite podría llevar incluso a la suspensión de la autonomía y creo que el Gobierno no tiene eso en la cabeza sino lo mínimo indispensable para restablecer el respeto a la Constitución. Y lo está haciendo además de una manera, creo, digna de apoyo porque a pesar de tener la mayoría absoluta en el Senado y, por tanto, poder desarrollar el artículo por sí solo, lo está haciendo de común acuerdo con los demás partidos constitucionalistas y con las tres cuartas partes del Congreso de los Diputados. Eso le da mucha fuerza política y mucho valor.
¿Está siendo el Gobierno en todo esto demasiado prudente, como dicen algunas instancias?
Sé que hay mucho criticismo sobre eso. También sobre lo que se hubiera podido hacer en el pasado y no se ha hecho. Pero creo que ahora, aparte de lo que dice el refranero sobre que «no hay que llorar por la lecha derramada», no me centraría en estos aspectos. Ya tendremos tiempo para analizar todo eso. Lo más importante ahora es que el Gobierno y el resto de fuerzas políticas se sientan arropadas por la sociedad y confiar en que lo que se tenga que hacer se haga de manera mesurada, prudente y propugnada. De lo que se trata es de no estropear las cosas más de lo que ya están.
¿Son unas elecciones autonómicas la mejor salida posible?
Creo que inevitablemente. Otra cosa es que se tenga que decidir cuál es el momento adecuado. Creo que, por ejemplo, en estos momentos el grado de emotividad y de visceralidad y de alteración de los ánimos es demasiado elevado como para pensar que no es el clima más propicio para unas elecciones, entre comillas, «normales» y en el marco estatutario. Pero tampoco podemos esperar mucho. Yo, si tuviera que hacer una predicción, creo que un buen momento sería a lo largo del primer trimestre del año que viene.
En términos económicos, lo que Cataluña está perdiendo ¿es recuperable?
Si las cosas se corrigieran muy rápidamente creo que en buena medida sí. Pero cuando las empresas deciden cambiar su sede y tomar decisiones en función de un clima de inestabilidad y de inseguridad jurídica, que vuelvan atrás se hace muy complicado. Pero si la situación persiste el daño va a ser muy importante y se va tardar mucho en recuperarlo o igual no se recupera del todo. Siempre ponemos el ejemplo de Quebec y Montreal. Las empresas se fueron, a pesar de que era un procedimiento muchísimo más ajustado a la legalidad y muchísimo más pacífico y no han regresado. Se han quedado en Toronto. Aquí no sabemos qué pasará. Cuando más persistan la ilegalidad y el desafío más difícil será que se recupere.
¿Está siendo más eficaz la comunicación internacional del Govern y del bloque independista que la del propio Estado?
Ellos han desarrollado una estrategia muy elaborada y pensada, le han dedicado muchos recursos, porque solo tienen un objetivo. Probablemente hay que hacer un mayor esfuerzo de explicación internacional de la posición de España. Pero también tenemos que hacer un mayor esfuerzo para explicarlo internamente, en el conjunto de la sociedad española y en la catalana. Porque al final, aunque el independentismo salga ahora derrotado, y no tengo ninguna duda de ello, el problema de fondo subsiste, y es que hay una parte muy significativa, en estos momentos casi la mitad de la sociedad catalana, que cree que con la independencia le irían mejor las cosas. Hay que hacer mucha pedagogía, mucha comunicación o, dicho de otra manera, mucha política. Yo he echado y echo un poco de menos que no se haga política, en el sentido democrático de la misma: ofrecer argumentos, contrarrestar los de los contrarios... muchas veces hemos dejado que cuajaran determinadas cosas que todos sabemos que son falsas pensando que por ser falsas todo el mundo se iba a dar cuenta. Y las cosas no funcionan así. En política es mucho más importante lo que parece que lo que es. Hay que hacer mucha pedagogía para explicar a los catalanes que España vale la pena y que es algo beneficioso para ellos. Y para explicar a los españoles que no estamos hablando de Cataluña o los catalanes sino de una parte de ellos. Hay una parte mayoritaria de la sociedad catalana que quiere seguir estando en España y que necesita la solidaridad del resto.
Con la factura social que deja el proceso, ¿cree que debe producirse en el futuro algún tipo de consulta pactada sobre el tema catalán?
En el marco de la Constitución todo se puede. Creo que lo que no es aceptable es intentar cambiar la Constitución por la puerta de atrás. Y la Constitución dice, y la gran mayoría de ciudadanos españoles así lo dice, que la soberanía descansa sobre la totalidad del pueblo español. Cuando a veces se dice que los catalanes tienen derecho de decidir el futuro de Cataluña hay que decirles que ese futuro es también el de España. Igual que les atañe a ellos les atañe al conjunto de los españoles. La Constitución y el sentido común, y eso nos viene desde la Constitución de Cádiz de 1812, nos dice eso. Otra cosa es que en el marco de una reforma constitucional o de un nuevo Estatuto de autonomía que surja de una negociación en las Cortes Generales se pueda someter a referéndum a los catalanes ese nuevo marco. Sería la tercera vez desde que tenemos democracia. No sería nada especialmente novedoso.
El ingreso en prisión de los líderes de Òmnium y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez respectivamente, parece haber dado oxígeno al independentismo.
El independentismo necesita muy pocas moléculas de aire para intentar tomar oxígeno. Pero hay que recordarles que si están en prisión es porque ha habido una decisión judicial. Eso de estar en contra de las decisiones judiciales cuando no te gustan no es propio de un sistema democrático. La Justicia es independiente y las sentencias y las decisiones de los jueces se tienen que respetadas.
