La secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, criticó ayer sábado que «la Consejería de Educación ha reducido este curso en torno a un 30 por ciento las horas de cobertura que ofrecen los intérpretes de Lengua de Signos (Ilses) al alumnado con diversidad funcional auditiva en la provincia», y ha alertado de que «esta situación dificulta su aprendizaje, abocándoles al fracaso y al abandono escolar». Por eso, ha pedido a la Junta que «deje de marginar a los intérpretes de lengua de signos».

En una nota, Navarro ha criticado que, actualmente, «en Málaga hay 39 alumnos sordos que requieren de este servicio, de los que 24 no ven cubiertas todas las horas lectivas y siete de ellos no reciben ningún tipo de atención al respecto» y ha cuestionado «si esta es la educación inclusiva que predica la Junta de Andalucía, que ha elevado hasta 250 horas el tiempo que este alumnado está desatendido en el aula este curso».

Navarro ha destacado la «predisposición del Grupo Popular para presentar una iniciativa parlamentaria que, dada su naturaleza, confiamos en que termine siendo institucional, instando al Gobierno andaluz a asumir la gestión directa de este servicio, que actualmente está externalizado, de manera que se garantice unas condiciones de trabajo dignas para estos profesionales, así como una educación de excelencia para estos alumnos», ha manifestado.

En este sentido, explicó que «mientras que el pasado curso se contaba con 33 intérpretes que trabajaban en el ámbito educativo en la provincia, este año sólo hay 19» y lamentó que «haya siete centros de Educación Secundaria que cuentan con este servicio, pero otros cuatro institutos con alumnado sordo carezcan de él».

La secretaria general de los populares malagueños, que ha recordado que en 2007 se acordó la inclusión de los Ilses en el convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía, al objeto de cubrir esta demanda permanente en centros educativos y socioeducativos, ha expuesto que, «siete años después, vemos cómo la Administración andaluza sigue marginando a estos profesionales, cuya actuación está presente en Educación Secundaria, Bachillerato, FP, ciclos formativos y cursos de acceso a los mismos».

«Se trata de un servicio básico para garantizar el derecho de acceso a la educación pública por parte de los estudiantes con diversidad funcional auditiva», dijo.