Ciudadanos llevará al próximo pleno la situación de inseguridad que padecen los vecinos de la calle Marqués de Valdeflores, en el entorno de la Avenida Juan XXIII, tras el último incendio del pasado domingo en uno de los dos edificios que se encuentran «okupados» desde hace años. La formación naranja pide el desalojo y la intervención de los Servicios Sociales e instará al Ayuntamiento de Málaga a hacer gestiones con el administrador judicial, que gestiona los inmuebles a la espera de un nuevo comprador, para proceder a otro desalojo.
«Los vecinos llevan años sufriendo ruidos, inseguridad, incendios... Estos vecinos padecen serios temas de convivencia. Estos vecinos dicen basta y aquí estamos con ellos. La administración no puede mirar para otro lado», ha dicho esta tarde el portavoz, Juan Cassá, que ha comparecido con los vecinos de los bloques colindantes para exigir un aumento de la vigilancia por parte de las policías Nacional y Local y evitar nuevos incidentes.
Hasta media docena de fuegos registrados en los últimos meses han hecho saltar de nuevo las alarmas entre los vecinos, que llevan años denunciando la situación de riesgo e insalubridad que sufren frente a sus hogares tras los problemas económicos del promotor de la urbanización, que quedó inconclusa. «Estos dos bloques presentan un estado de abandono acuciante. Sin puertas, ventanas, sin seguridad, sin suministros, expoliados... Ya hace tres años un juzgado dictó una orden de desalojo y se llevó a cabo. No sirvió de nada. Volvieron a entrar», ha recordado Cassá, en relación al desalojo policial de unas setenta familias que se produjo en 2015, cuando se tapiaron puertas y ventanas como medida disuasoria. Además, Cs pide que intervengan los Servicios Sociales.
El Ayuntamiento, por su parte, ha contestado que está a la espera de que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, encargado del procedimiento abierto por la quiebra de la promotora de los bloques de viviendas de Juan XXIII 4 y Marqués de Valdeflores, proceda a la autorización del tapiado de sus huecos o a la adopción de alguna otra medida que normalice su situación.
Entre las opciones planteadas por el administrador concursal, se encuentra la adquisición del inmueble por parte de una tercera entidad, que ha mostrado su interés por el mismo así como su disposición a proceder de forma inmediata a su vigilancia e iniciar posteriormente su rehabilitación y comercialización.
En el caso de que se autorice el tapiado del inmueble, será el administrador concursal quien asuma su ejecución o el Ayuntamiento de forma subsidiaria, a fin de garantizar la inmediatez de la medida y con ello la seguridad del mismo y de su entorno. En lo que va de año, la Policía Local ha realizado 25 actuaciones en estos edificios, fundamentalmente relacionadas con la identificación de las personas que lo ocupan.
