El Consejo de Gobierno ha aprobado el último trámite para desbloquear la licitación del proyecto de construcción del tramo del metro de Málaga hasta el Hospital Civil. El paso aprobado hoy consiste en exigir al Ayuntamiento de Málaga la adecuación urbanística del PGOU para que dé cabida a este proyecto, declarado de interés metropolitano. Una vez que se ha aprobado este trámite, el Consistorio tiene un plazo de un año para hacer la modificación urbanística pertinente, que no es un cambio complejo en tanto que el trazado ya es considerado como una vía de transporte. Este tramo declarado de interés metropolitano, que tiene ya el proyecto redactado con presupuesto de obras de 41 millones de euros, completará la red conforme a la solución consensuada entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga en 2013. La corporación municipal dispondrá de un año de plazo para la modificación puntual de su planeamiento urbano a fin de incorporar el nuevo trazado.
Tras declarar el pasado 9 de mayo esta obra como de «interés metropolitano», el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dio un paso para blindarse jurídicamente en caso de que la obra acabe en los tribunales y aprobó la obligación de hacer este trámite de adecuación urbanística.
De esta forma, la Junta de Andalucía ya tiene vía libre para licitar las obras cuando lo estime oportuno, una vez que ha cerrado el enésimo capítulo de esta infraestructura, que cuanta ya con proyecto básico y presupuesto aprobados, unos 41 millones de euros.
Con esta maniobra, la Junta de Andalucía se arma de nuevos argumentos jurídicos si al final se mantiene el bloqueo por parte del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga y no se completa la red de metro tal y como firmaron ambas administraciones en 2013. Según los datos que maneja el Gobierno andaluz, la indemnización que habría que darle a la concesionaria (Metro Málaga) rondaría los cuatro millones de euros por los más de 2,5 millones de pasajeros anuales que dejaría de captar el suburbano al no completarse la red prevista.
Pero a pesar de este nuevo paso administrativo, el Gobierno andaluz no tiene fijado aún en el horizonte cuándo se iniciará el concurso público para encargar la obra a la espera de que el alcalde de Málaga, que se escuda en un grupo de unos 600 o 700 vecinos para rechazar esta obra, se manifieste sobre si facilitará la construcción de la prolongación de esta línea autorizando los desvíos y permisos de tráfico. De hecho, la primera batalla judicial entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga la ha ganado el Gobierno andaluz hace unas semanas con una sentencia del TSJA a favor de sus argumentos.
La aprobación del trámite urbanístico para prolongar la línea 2 hasta el Civil obliga al Ayuntamiento de Málaga en el plazo de un año a realizar una modificación puntual de su planeamiento urbano a fin de incorporar el nuevo trazado al PGOU, para solventar así el informe de Urbanismo de principios de año en el que aseguraba que el tramo del metro hasta el Civil no está incluido en el PGOU y, por tanto, obligaría a cambiar este documento. La Junta argumentó entonces que no afecta a la calificación del suelo y, por tanto, no requiere de muchos cambios.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, reafirmó la «voluntad explícita de la Junta de seguir adelante con esta obra y de cumplir los acuerdos» con el ayuntamiento malagueño alcanzado en el año 2013.
Proyecto
El tramo discurrirá por el distrito Bailén-Miraflores, en la zona norte de la capital, que constituye su cuarto ámbito más poblado, y aportará al metro malagueño más de 2,5 millones de viajeros al año adicionales a los 18 millones estimados para el resto de la red. Contará con cuatro paradas y un trazado de 1,8 kilómetros (un tercio soterrado y dos en superficie). Para la ejecución de las obras se ha previsto un plazo de 24 meses.
El proyecto se considera fundamental por su papel en la conexión con equipamientos públicos de la aglomeración urbana de Málaga, especialmente los dos complejos sanitarios del Hospital Civil y el Materno Infantil, y con intercambiadores que posibilitan el transbordo.
Su declaración de interés metropolitano, aprobada el pasado 9 de mayo, hace que no sea necesaria la autorización municipal para el inicio de obras, también exentas del pago de tasas y licencias.
Aún así, la Junta de Andalucía quiere darle más tiempo al Ayuntamiento de Málaga ya que consideran que sería imposible realizar una obra de este calado en la ciudad sin contar con la colaboración del Consistorio.
Cuatro años después de que se firmara el convenio, la Consejería de Fomento está en condiciones de licitar la obra y adjudicarla. Su ejecución, en ese momento, dependerá de la buena disposición municipal, ya que entiende que no es posible hacerlo sin consensuar un plan de tráfico, que es la clave que se reserva el Ayuntamiento de Málaga para frenar la ejecución del tramo del metro en superficie. Su negativa a facilitar esta obra supondrá el inicio de un litigio para reclamar daños y perjuicios al Consistorio malagueño.
De fondo hay otro elemento a tener en cuenta, como es la oposición de una parte de los vecinos a este proyecto, al considerar que va a dificultar el tráfico y reducir el espacio para el peatón en algunos puntos, como en la calle Santa Elena. Este rechazo es al que se agarra, entre otros, el Consistorio para articular su bloqueo al proyecto.
