Tras solucionar por la vía rápida el conflicto del ruido que impedía a los clubes de baloncesto entrenar en varios colegios en horas nocturnas, el alcalde de Málaga Francisco de la Torre ha seguido esa senda y en la mañana de ayer se reunía con el portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Cassá para cerrar un principio de acuerdo sobre los presupuestos de 2018, tras aceptar, con matices, las cuatro exigencias que el partido naranja puso en septiembre sobre la mesa para respaldar las cuentas del próximo año. Estas cuatro exigencias eran: tomar una decisión sobre el modelo de gestión de Limasa, replantear el proyecto de las cuatro torres en los suelos de Repsol, desactivar el conflicto de bomberos y poner en marcha el plan de reforestación de Monte Gibralfaro.

De la Torre comunicó ayer a Cassá su decisión sobre la principal de ellas, el modelo de gestión de Limasa, que pasa por tirar por la calle de en medio de manera que no habrá ni municipalización ni privatización total. El alcalde, con el beneplácito de Ciudadanos ha decidido que la limpieza viaria, se privatice y salga a concurso, mientras que el servicio de recogida y el de tratamiento pase a manos públicas. La solución satisface a Ciudadanos que, aunque era partidario de la privatización total, también defiende la división de la empresa por sectores. Con esta decisión también se satisface, en parte, al grupo popular que se oponía a las pretensiones iniciales del alcalde de municipalizar la gestión y defendía que la gestión pasase totalmente a manos privadas. En cambio esta decisión sobre Limasa contará con el rechazo frontal del comité de empresa y de la plantilla que consideran inaceptable la partición de la plantilla, por lo que habrá que esperar su reacción.

El segundo gran punto que permitirá negociar el presupuesto de 2018, pasa por definir un nuevo proyecto para los suelos de Repsol. El PP acepta eliminar al menos uno de los cuatro rascacielos previstos en el proyecto inicial, rebajar la edificabilidad y aumentar los metros destinados a zona verde.

También hay acuerdo sobre la intervención para tratar de desactivar el conflicto de los bomberos, que pronto cumplirá un año. Este pasa por sobreseer o suspender todos los expedientes abiertos a una treintena de bomberos y por el compromiso de aumentar la partida económica para el año próximo y mejorar el equipamiento y la flota de vehículos.

El acuerdo, que será escenificado este jueves por el alcalde y por Juan Cassá, se prolongará en las negociaciones que ambos grupos mantendrán en las próximas semanas para cerrar las cuentas de 2018.