La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga aseguró ayer que los apartamentos turísticos ofrecen en la capital malagueña 23.000 plazas, más del doble de las cifras oficiales, y ha demandado una regulación ante el «desbocado e incontrolado» incremento de estas viviendas.

El colectivo criticó ayer que, mientras en otras ciudades españolas como Barcelona o Palma de Mallorca «se intenta poner coto a los problemas generados por esta espiral», en Málaga las autoridades públicas continúan «ignorando» o bien «incentivando, por acción u omisión, esta fuente de problemas».

Esta situación aboca a «un escenario de cartón piedra en el que el centro histórico sea un cascarón sin vida real», aseguraron en un comunicado.

Según los datos recabados por la asociación, a finales de noviembre había en la ciudad 4.853 apartamentos para turistas, la mayoría de ellos disponibles durante todo o casi todo el año y además «concentrados en pocas manos».

La agrupación vecinal ha obtenido los datos a través de una petición expresa a Inside Airbnb, una plataforma independiente que analiza la información de la empresa de alquiler de apartamentos turísticos Airbnb, la cual ya había publicado diagnósticos de ciudades como Nueva York, París, Roma, Londres, Madrid o Barcelona.

Los vecinos recuerdan que los últimos datos facilitados por la Consejería de Turismo de la Junta cifraban en 10.985 las plazas que ofrecen las 2.212 viviendas de alquiler al visitante ubicadas en la capital malagueña. El incremento de viviendas con fines turísticos ocasiona, según el colectivo, un «encarecimiento brutal, cuando no la práctica desaparición» de los arrendamientos de primera vivienda, además de un «éxodo» de estudiantes universitarios a otras ciudades y la degradación sociocultural de la zona.

También conlleva riesgos de seguridad, ya que los que siguen habitando en el Centro no saben quiénes son los ocupantes que «fugazmente suben y bajan las escaleras», sostiene.

La asociación considera «vital» una regulación de las viviendas en todos los aspectos, desde el tributario al administrativo y urbanístico, e insta a las autoridades públicas a que abran un proceso de participación ciudadana real en el que se tomen decisiones para proteger la calidad de vida y los derechos de los residentes.

Entre las medidas a debatir, los vecinos proponen la limitación del número de días al año en el que un propietario puede poner su piso o habitación a disposición de alquileres cortos, la notificación al Ayuntamiento de las personas que alquilan los espacios y los inquilinos, y el estudio de una tasa específica.