Málaga para la Gente pide que se garanticen los suministros básicos del hogar

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha recordado que en la provincia de Málaga hay más de 60.000 hogares afectados por la pobreza energética, según datos proporcionados por Cruz Roja, añadiendo que esta organización ha atendido en Málaga a más de 21.500 personas con dificultades para pagar la luz o el agua.

Málaga para la Gente incide en que la energía, luz y gas "son bienes esenciales para la vida" y "deben ser gestionados desde lo público y no supeditados al interés privado", por lo que han propuesto medidas "que garanticen los suministros básicos vitales a las personas y familias en riesgo de exclusión social".

"El Ayuntamiento de Málaga no puede vivir de espaldas a esta realidad, por lo que debe adoptar medidas específicas dirigidas a prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más familias, para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las personas y familias, en función del número de miembros y de períodos estacionales, en riesgo de exclusión social", ha defendido.

Por su parte, Zorrilla ha afirmado que el Estado "debería mejorar el actual bono social, para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares y no sólo la potencia contratada o la situación familiar/laboral", además de que "habría que valorar la posibilidad de establecer un bono social para el gas butano, como hacen otros países".

Por ello, también en la moción Málaga para la Gente propone instar al Gobierno central "a que se reforme esta nueva regulación sobre el bono social eléctrico, para ampliar su cobertura y mejorar su alcance". En concreto, para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares "y no sólo la potencia contratada o la situación familiar/laboral, así como que los gastos de su aplicación sean asumidos por las compañías eléctricas".

De igual modo, exigen que el Consistorio manifieste preocupación por el "escaso alcance y notable insuficiencia" de la nueva regulación sobre el bono social eléctrico, y en particular por hacer recaer en las corporaciones locales el deber de cubrir los gastos generados por su aplicación en vez de que los gastos sean asumidos por las compañías eléctricas".

También la coalición de izquierdas pide exigir al Ejecutivo central la aprobación de una ley de medidas para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar "garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos".

El portavoz del grupo Málaga para la Gente ha recordado que según el estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) existen más de siete millones de personas "con enormes dificultades para hacer frente al recibo de la luz, debiendo dar prioridad o elegir qué cuestiones de subsistencia se pueden permitir"; además, por otro lado, ha recordado que el INE señala que más del nueve por ciento de los hogares del país "no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada, con los riesgos que eso supone".

Zorrilla ha asegurado que "es urgente" que se afronte la reforma "en profundidad" de la legislación del sector eléctrico y energético "llevando a cabo una transición hacia un modelo energético limpio, fundamentado en las energías renovables y el autoconsumo".

Por otro lado, el portavoz de Málaga para la Gente ha recordado a Europa Press que España "carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros y de periodos estacionales".

Asimismo, ha continuado, la reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno hasta ahora "tampoco establece solución alguna al fenómeno de pobreza energética y el déficit tarifario amenaza con incrementar todavía más la factura".

"Los precios suben debido a la falta de una auténtica reforma eléctrica y la consecuencia de ello está recayendo sobre los consumidores y las renovables, sin un diagnóstico previo", ha lamentado.

Al respecto, ha añadido que "después de casi un año de que PP y PSOE llegaran a un acuerdo de estado sobre la pobreza energética y nuevo bono social eléctrico y se llenasen la boca prometiendo una regulación que evitase que casi cinco millones de personas en España sigan viviendo sin acceso al suministro energético, el Gobierno acaba de publicar su nueva regulación sobre el bono social eléctrico, muy insuficiente y que recae en los ayuntamientos".