El año 2017 ha sido el ejercicio en que, tras los años de la crisis económica, la inmigración a España ha comenzado a remontar y no sólo la regular, con un balance de flujos que devuelve las cifras a niveles de 2008, sino también de la migración forzosa con un techo histórico en peticiones de asilo y de la irregular, con cifras de pateras no vistas tampoco en los últimos años. También ha sido el año de la promesa de nuevos centros de internamiento, incluido el denominado por los críticos como «el hotelito», y un año más que se cierra sin el Reglamento de la Ley de Asilo, pendiente desde 2009.
De hecho, el número de inmigrantes rescatados tras llegar en embarcaciones a las costas de Málaga en 2017 se ha multiplicado con respecto a los últimos ocho años, hasta alcanzar un total de 2.226 personas. Esto supone un aumento del 187% en relación con 2016, cuando fueron 774 los interceptados. Según los datos del Gobierno, estas 2.226 personas rescatadas tras llegar en pateras a la provincia malagueña es la más elevada desde 2010, cuando fueron interceptados 109 inmigrantes en 19 embarcaciones. En 2017, más de 1.800 fueron hombres, más de 200 mujeres y alrededor de 70 menores; un número este último que alcanza así su cota más elevada en los últimos ocho años, ya que la cifra más alta hasta ahora se registró en 2016, con 39.
El Anuario Cidob de la Inmigración, presentado el pasado mes de diciembre, es claro al respecto: en 2016 se produjo una «progresiva vuelta a los patrones pre crisis» hasta una «nueva normalidad» con la llegada de unas 420.000 personas, cifra un 22% más que en 2015 y que será inferior a la que se ha producido en 2017, pues según el INE, sólo en el primer semestre llegaron 237.115 personas, algo inédito desde 2008.
Los nuevos inmigrantes
Los expertos apuntan que en estos flujos hay «nuevos inmigrantes», sí, pero también un porcentaje apreciable de familiares que se reagrupan con residentes en el país y otro tanto de extranjeros que se nacionalizaron españoles o que sin hacerlo, se marcharon durante la crisis y ahora reemprenden de nuevo el camino. Estos son los «re-inmigrados» y según los demógrafos, serán un perfil común a partir de ahora.
Según el Ministerio de Empleo, a 30 de junio había en España algo más de dos millones de ciudadanos de países no europeos con un permiso de residencia y de ellos, el 84% lleva más de diez años en el país. Entre quienes aún ostentan un permiso temporal, el 30% lo han recibido por reagruparse con familiares. En total, se cuentan 5,1 millones de habitantes de otras nacionalidades con una tarjeta de residencia en el país.
Mientras, se han incrementado los flujos irregulares que, según Acnur, son mixtos, es decir, integrados por migrantes con motivación económica y potenciales refugiados. De acuerdo a los datos oficiales, hasta octubre de 2017 habrían llegado a España más del doble de pateras y de personas a bordo que en todo el año anterior: 824 embarcaciones frente a 357; y 16.010 migrantes en ellas frente a 6.556 el año pasado. El resultado, es una media de entre dos y tres barcazas al día.
Polémica en Archidona
Los datos de Frontex indican que más de la mitad de quienes llegaron a España por estas rutas eran de Marruecos y de Argelia y precisamente de allí son los migrantes que han protagonizado una de las polémicas del año pasado: la decisión del Ministerio del Interior, avalada por media docena de jueces de instrucción de Murcia, de recluir en la cárcel de Archidona, aún sin estrenar, a más de medio millar de argelinos llegados al cabo de cuatro días en pateras a la costa sur española.
El hecho de que el centro esté diseñado para funcionar como una cárcel, habida cuenta de que la Ley de Extranjería impide recluir a inmigrantes en establecimientos penitenciarios, suscitó dudas y críticas en instituciones como el Defensor del Pueblo o Acnur y organizaciones de la sociedad civil, contestación que se elevó la pasada semana tras conocerse que siete de las personas internadas resultaron ser menores de edad y entregadas bajo tutela a la Junta de Andalucía. En diciembre, los internos comenzaron a ser devueltos a Argelia por vía marítima y también se produjo el fallecimiento de un inmigrante en la propia cárcel, lo que provocó que se solicitara la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior.
El uso de una cárcel como un CIE, justificado por el Ministerio del Interior por la situación de saturación de los siete centros que operan en España, llega después de que Juan Ignacio Zoido anunciase que un grupo de trabajo revisaría el modelo vigente en estos centros y señalase necesaria la construcción de tres nuevos en Málaga, Madrid y Algeciras.
Sin contar el uso como CIE de Archidona, sólo se han dado más detalles este año sobre el de Algeciras, cuya maqueta presentó el ministro personalmente y cuyo diseño ha llevado a las organizaciones que integran la Campaña por el Cierre de los CIE a calificarlo irónicamente como «el hotelito». Critican que, aunque «tenga cinco estrellas», sigue siendo un lugar oscuro en términos de derechos humanos y piden que no llegue a construirse.
