El grupo de Málaga para la Gente en el Ayuntamiento ha recibido una respuesta del interventor municipal, Fermín Vallecillo, a una petición del grupo para que realizara un informe que avale la revisión de oficio de la adenda al convenio de La Térmica, por darse requisitos para ello, máxime después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha estimado parcialmente el recurso contra el plan especial La Térmica y lo anula.

En dicha respuesta, el interventor anuncia que va a pedir una reunión con los técnicos de la Gerencia de Urbanismo para aclarar los motivos de interés público por los que se cambió el convenio de La Térmica.

Así consta en un escrito que contesta a una petición del grupo Málaga para la Gente para que el interventor emitiera un informe sobre la procedencia de iniciar una revisión de oficio de la adenda del convenio de La Térmica. El interventor alega que solo puede emitir ese informe en el caso de que lo soliciten el alcalde o un tercio de los concejales de la corporación municipal, pero precisa que eso no es obstáculo para pedir con los técnicos de Urbanismo interesarse por los motivos de interés público por lo que se modificó el convenio general.

Eduardo Zorrilla insiste en la lesividad de la adenda al convenio. «Entendemos que más allá de las razones del TSJA para anular el plan especial de La Térmica por defectos graves en el procedimiento de aprobación, la adenda al convenio supuso un grave perjuicio para el patrimonio público municipal, a la vez que un enorme beneficio para la empresa testaferro de Endesa, que esperaba obtener más de 100 millones de euros limpios con esta operación urbanística». De hecho, la empresa Nueva Marina Real Estate ha vendido los derechos urbanísticos correspondientes a algo más del 40% de su parte en el sector al fondo de inversión internacional, Ginkgo Participations, por 40 millones de euros.

La adenda significaba, según Zorrilla, que el Ayuntamiento renunciaba a cobrar los 58 millones de euros pactados en el convenio original, que tras los incumplimientos de los pagos generaron derechos de crédito de 78 millones de euros con el recargo de apremio, las costas devengadas, costas presupuestadas y el interés de demora presupuestado, a cambio de adquirir las 32.833 unidades de aprovechamientos urbanísticos valorados en 27 millones de euros, como resultado de esta adenda que es en realidad un nuevo convenio, el daño patrimonial a las arcas municipales de 51 millones de euros que el equipo de gobierno ha regalado a empresa testaferro de Endesa.