Los concejales de Ordenación del Territorio y Vivienda y de Carretera de Cádiz, Francisco Pomares y Raúl Jiménez, informaron ayer de que se han reunido en Madrid con representantes de la Sareb para abordar el desarrollo de los antiguos terrenos de Repsol, tras el desbloqueo del proyecto al alcanzarse un acuerdo con el grupo municipal de Ciudadanos. Así, señalaron que acordaron «seguir trabajando en avanzar, programar y calendarizar la aprobación del proyecto de urbanización» de la zona.

Pomares detalló, tras preguntas de los periodistas, que comunicaron «a nuestro socio, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el pacto llegado con Cs, que lo conocían por los medios, pero era importante conocer los detalles». Así, afirmó que ahora la Sareb tiene que «consultarlo y aprobarlo» en su consejo de administración, además de que habrá «conversaciones continuas», ya que el objetivo «es ser lo más céleres posibles», para que «por fin los vecinos del entorno de Carretera de Cádiz y Cruz De Humilladero tengan ese gran parque que desean, será una realidad y después el desarrollo del sector, con las torres programadas». «Para nosotros la prioridad será el parque, los vecinos, y ese es el encargo dado a Medio Ambiente y Urbanismo, junto con los socios, y contar con todos para avanzar en el futuro proyecto de urbanización», del que no dio más información «sino que pronto se darán todos los datos».

Por otro lado, recordaron que se continúa trabajando en la descontaminación de los suelos, precisando, de igual modo, que, aunque sea una separata del proyecto de urbanización, «tiene que aprobarse junto al mismo» por lo que se irá viendo, recordando la experiencia realizada con el parque Huelin. Así, Pomares señaló que la intervención «la hará Medio Ambiente conforme a lo que exige la normativa actual que rige la Junta».

En este sentido, el edil de Sostenibilidad Medioambiental, y tras ser preguntado sobre quién pagará los costes de la descontaminación, manifestó que es «un tema complicado», incidiendo en que en 2002 la Junta declaró los terrenos aptos para uso residencial, «el mismo uso que ahora». «Todos los implicados somos los que somos, y decidiremos, por lo que primero hay que ver lo qué hacer y luego cómo se paga y quién, pero lo importante es ver cuánto y cómo», apostilló insistiendo, de igual modo, en que el proyecto de contaminación «va dentro del de urbanización».