Primero fueron las vacaciones, que han vuelto a organizarse como fijaba el convenio 2010/12, de manera que volverán a disfrutarse sólo en los meses de verano, y ahora será la paga de productividad a la que la dirección de Limasa deberá hacer frente a finales de este mes de enero

El comité de empresa de Limasa ha reclamado ya para toda la plantilla, (unos 1.300 fijos y 350 fijos a tiempo parcial), el abono completo de esta paga que en los últimos años había quedado reducida por mor de los acuerdos parciales alcanzados.

Con la llegada de 2018, esos acuerdos parciales han perdido vigencia ya que el pacto que ponía fin a la última huelga de marzo de 2016 tenía como tope diciembre de 2017.

Paga de productividad

Durante ese tiempo, el juzgado de lo Social número 12 debería haber fallado y resuelto sobre los puntos que quedaron abiertos. No lo ha hecho. Así que solo cabe volver a remitirse al convenio de 2010/12. Así lo declara también una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha sido recurrida al Supremo por la empresa y que señala que el único acuerdo laboral vigente es el convenio 2010/12.

Con estos tantos a favor en su mano el comité, tras lograr reconducir las vacaciones a los meses de verano, ha reclamado ahora otro de los puntos que fija el convenio como es la paga de productividad de enero.

Se trata de una paga que reciben todos los trabajadores fijos de Limasa que no hayan tenido ninguna baja laboral (salvo maternidad) fijada entonces en 1.431 euros. La paga se reduce por cada día de baja.

Como el convenio fijaba también un aumento salarial del 2 por ciento para 2012, más otros efectos que hacen que la paga de productividad supere los 1.600 euros.

Su abono obligaría a la empresa a un desembolso económico de unos 2,3 millones de euros a repartir entre los 1.300 fijos de la plantilla y la parte proporcional que corresponda a los 350 fijos a tiempo parcial.

La dirección de Limasa aún no ha respondido a esta reclamación, pero, tal como le ha ocurrido con la vacaciones, no tendrá apenas margen para oponerse.

Este coste de 2,3 millones se uniría al que supondrá el de volver a las vacaciones solo en verano, cifrado en otros 2 millones de euros necesarios para contratar operarios en verano y especialmente en agosto.