­Con la vista puesta en la larga batalla que se vislumbra, la asamblea de trabajadores de Limasa, con el comité de empresa al frente, desplegó ayer sus primeras baterías de combate. La decisión del alcalde, Francisco de la Torre, con el apoyo de Ciudadanos, de dividir la empresa en dos (una que dejará en manos privadas el servicio de limpieza de las calles y otra pública que llevará el servicio de recogida de residuos) cuenta con el rechazo frontal de la plantilla, que ha defendido la municipalización total.

La asamblea de ayer sirvió para tensar a la plantilla ante la dura y larga batalla que se presenta y que tiene como último objetivo, según resaltó ayer el presidente del comité, Manuel Belmonte, «hacer cambiar la decisión tomada por el PP y Cs de dividir la empresa».

Así las cosas, una asamblea de unos 1.000 trabajadores, según el comité de empresa, reunida a partir de la 4 de la tarde en un salón del hotel NH, y a puerta cerrada, acordó mandatar al comité de empresa para empezar un proceso de movilizaciones, como concentraciones, manifestaciones o actos de protesta, para conseguir tumbar la decisión del alcalde de dividir a Limasa en dos.

De momento solo movilizaciones. Ese es el acuerdo adoptado. «No hemos hablado de huelga», dejó claro el presidente del comité, tras la asamblea, aunque añadió que es «un derecho que tenemos y está ahí en un momento determinado. Pero insistió en que «frente a las provocaciones» del concejal responsable de Limasa, Raúl Jiménez, «somos responsables y sabemos que no es el momento para ir a la huelga, pero con el apoyo que tenemos de los compañeros estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para conseguir nuestros derechos» .La batalla laboral

Con las movilizaciones, la plantilla de Limasa llevará una campaña de difusión, dirigida a los ciudadanos de la capital para hacerles llegar «el ahorro que se produce con una empresa municipal». El objetivo, explicó Belmonte, «es darle la vuelta a lo que dice el Ayuntamiento para demostrarle a la ciudadanía que la decisión que ha tomado el alcalde es perjudicial no solo para nosotros sino para los barrios que van a seguir desiertos por la falta de personal».

«Nosotros vamos a defendernos a muerte pues no entendemos como se empeñan en dárselo a los privados».

Paralelamente hay otra cuestión, que es la puramente laboral, que mantiene en una dura batalla a la plantilla frente a la dirección de Limasa. La pelea, que se dirime en los tribunales, puede temer repercusiones y consecuencias mucho mas trascendentes que la decisión municipal de dividir la empresa en dos.

En las próximas semanas, el Tribunal Supremo deberá tomar una decisión que puede afectar al futuro de Limasa de manera trascendente. El Supremo tiene en sus manos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que acordó en julio pasado que se reponga a la plantilla las condiciones de trabajo que tenían fijadas en el convenio 2010/12 y que se anulen los recortes pactados en los años siguientes.

La empresa ha recurrido la sentencia, pero si finalmente el Supremo no admite a trámite ese recurso, dará firmeza total a la sentencia del TSJA que deberá cumplirse.Vuelta al convenio

Sería este un varapalo descomunal para la empresa y para el Ayuntamiento que es quien aporta el dinero ya que obligaría a cumplir todo lo fijado en el último convenio vigente, el de 2010, que implica la aplicación de derechos laborales que tendrían un coste de millones de euros, algo inasumible ahora mismo por el Ayuntamiento y la dirección de la empresa.

«Tenemos un convenio colectivo que está judicializado, explicaba ayer el presidente del comité, Manuel Belmonte. «Nosotros hemos cumplido los acuerdos de 2017 y a partir de 2018 pedimos lo que dice el convenio colectivo. Hasta ahora nos lo estan dando (vacaciones) pero sobre la paga de productividad, de 1.650 euros, la decisión la tiene el Ayuntamiento. Belmonte se refiere a que los acuerdos parciales que pusieron fin a la huelga de marzo de 2015, tenían el limite de diciembre de 2017, pues se esperaba que para antes de esa fecha hubiese ya una decisión judicial en firme que fijase que es de aplicación. Al no ser así, la plantilla está reclamando que se vuelva al convenio vigente, único que sería de aplicación.