Ya no hay tiempo para más. El periodo de advertencia verbal abierto por el Ayuntamiento de Málaga a los propietarios de perros que no recojan los excrementos de sus mascotas de la calle o que no han realizado el preceptivo análisis genético de su perro ha finalizado esta semana, lo que supone que, a partir de ya, la Policía Local va a multar a los afectados con 217 euros de sanción económica.

Esto ocurre al entrar definitivamente en vigor la ordenanza de Bienestar, Protección y Tenencia Responsable de Animales del Ayuntamiento de Málaga, en la que se recoge la imposición de multas por no retirar las heces o no haber inscrito el perfil de ADN del perro en el registro municipal de animales de compañía.

Así, desde esta misma semana la Policía Local va a multar a todo propietario cuya mascota no lleve la chapa identificativa obligatoria o, alternativamente, el propietario que no tenga el carnet correspondiente como prueba de haber realizado el censado genético.

En el caso de encontrarse un excremento abandonado en la calle, se activará el procedimiento para realizar la prueba que permitirá determinar su origen, que contará con la intervención de un inspector municipal para levantar acta y un técnico de Athisa, empresa adjudicataria del servicio de vigilancia sanitario ambiental, que se encargará de obtener la muestra siguiendo el protocolo establecido.

Tanto en el caso de no haber realizado el censado como en la no recogida de excrementos, la ordenanza establece que se comete una infracción de carácter leve que acarreará una sanción de 217 euros. Esta cantidad se incrementará en el caso de que concurran agravantes como la reiteración de dicha infracción o que los excrementos que no se hayan recogido estén situados en un parque infantil o similar, entre otras circunstancias.

Sin ir más lejos, el grupo municipal de Ciudadanos preguntó en la última comisión de Medio Ambiente cuántas mascotas han sido censadas (hay más de 90.000 en Málaga) y cuántas personas se han beneficiado del bono social para sufragar el registro y solicitó un desglose del tipo y cuantía de las sanciones.

El primer plazo, de hecho, debió terminar el 31 de octubre, pero sólo 1.000 de los 10.000 perros que hay en la ciudad habían inscrito su perfil genético en el registro. La iniciativa consiste en sustraer una muestra de sangre del animal y entregar al dueño una identificación para evitar el maltrato, abandono y la no recogida de los excrementos. Tras la última prórroga, se acabó el tiempo.