VioGén es el acrónimo del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género. Es un programa revolucionario que, en función de múltiples factores, gradúa el riesgo que sufre una mujer maltratada desde el no apreciado hasta el extremo, pasando por el bajo, el medio y el alto. En base a esos grados, hay una serie de consejos, medidas de protección y vigilancia, derechos y recursos asistenciales para las perjudicadas, recogidos en una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad. Con esa enorme base de datos trabajan las fuerzas de seguridad para proteger a estas mujeres. Nada podría hacerse sin la parte humana. Así, el Subgrupo de Protección de Víctimas de la Policía Local, adscrito al Grupo de Investigación y Protección, protege a en torno a 490 mujeres que han denunciado a sus parejas o exparejas y sobre las que se ha dictado una orden de protección.

La Policía Local firmó en marzo el convenio para usar el programa VioGén y, desde esa fecha, este subgrupo, conformado por diez agentes de la Policía Local y cuatro oficiales, se encargan de dar una cobertura global a las necesidades de estas 490 mujeres que están en riesgo no apreciado, bajo o medio. Las que sufren un riesgo alto extremo, otras 490 féminas de la capital, son protegidas por la Policía Nacional.

Tal y como explica el subinspector jefe del GIP, Antonio Daniel Bautista Martín, «el 50% de las víctimas se divide entre la Policía Nacional y la Local», y el número fluctúa prácticamente de semana a semana. La unidad está formada por diez agentes y cuatro oficiales. Cada agente tiene a su cargo a 45 mujeres a las que proteger, y los oficiales, una media de diez.

El protocolo es sencillo. La mujer ha de presentar primero la denuncia en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional, de forma que «la inspección de guardia hace una Valoración Policial de Riesgo (VPR)», dice Bautista. Con esa VPR, sale un nivel de riesgo y, junto al atestado, se envía al juzgado, que puede ser el de Instrucción o el de Violencia de Género según el día de la semana. El juez, entonces, determinará si se le concede una orden de protección. En base al grado y a la orden, ya introducida en la base de datos de Viogén, se deriva la mujer bien a la Policía Nacional o al Subgrupo de Protección de Víctimas (grados no apreciado, medio o bajo). A veces, si no se concede la orden, también se incorporan los datos a VioGén, «y estamos un tiempo trabajando con la víctima por si hay problemas, por si el autor, sabiendo que no se puede actuar contra él, hace algo y se le explican a él las repercusiones de sus actos».

Esther Quintanilla Rivero es una de las diez policías locales del subgrupo (hay cuatro mujeres). «Somos el enlace entre la víctima y los servicios asistenciales, les ofrecemos los recursos que la ley pone a su disposición, las ayudamos, las apoyamos y, según el nivel de riesgo, se contacta con ellas de forma periódica». Según el grado de riesgo, se contacta con ellas mensual, semanal o bimensualmente. «Tú, conforme a los niveles, tienes que conocer el caso y, según las necesidades, la mujer requerirá una ayuda económica, una ayuda asistencial, un apoyo en cuestión de letrados, si tiene menores hablar de los colegios; al estar emocionalmente mal necesitan apoyo, el tema administrativo les supone una gran carga, somos un cordón umbilical entre la administración y sus recursos, y tratamos de ofrecérselos y dejárselos claros para que no tengan dudas».

Quintanilla señala que el tema es ayudarlas y «contactar con ellas de forma periódica y eso sirve para que tengan una sensación de seguridad más grande, más cercana, sienten a su policía muy cerca; ellas suelen decir quiero hablar con mi policía. Empatizan mucho. Conoces el caso, conoces los pormenores, te cuentan cosas muy íntimas». Su jefe explica que «se sienten respaldadas, atendidas, comprendidas». La instrucción de la Secretaría de Estado «te dice los mínimos, los contactos periódicos según el nivel de riesgo», aclara. «Llamarlas por teléfono, visitarlas en los domicilios, y, cada equis tiempo, según el nivel de riesgo, se les hace una valoración de riesgo por si ha habido incidencias; ellas tienen un móvil asignado las 24 horas y las víctimas, en cualquier momento, pueden contactar con su agente protector; si es algo urgente, hay riesgo para su integridad física, tienen el 092, el 112, el 091 o el 060; si no es una urgencia, contactan con el protector cuando creen conveniente», dice.

Se vigilan los domicilios, los colegios, los lugares de trabajo, son acompañadas a denunciar, al juzgado, a los servicios sociales si lo piden, o para ir al médico o para hacer cualquier gestión y se ponen a sus disposición los recursos económicos, psicológicos u otro tipo de medidas asistenciales. «Hacen un trabajo muy bueno, las víctimas y los organismos oficiales están muy contentos», aclara.De todos los perfiles

Si la víctima no tiene medios económicos, la Cruz Roja y los Servicios Sociales le facilitan un teléfono para hablar con la Policía Local o con quien necesiten. Ello no está relacionado con las pulseras, los GPS y otras medidas de control, que es para niveles altos o extremos y lo lleva la Policía Nacional. «También les das información de derechos fundamentales y medidas de autoprotección», dice Quintanilla.

También se habla con el agresor y se le explica que no puede contactar con la perjudicada de ninguna forma, ni siquiera a través de sus familiares. «El programa es fiable y se va actualizando, los protectores tienen que alimentarlo con todo lo que hagan», subraya Bautista, quien añade: «Lo primero que ellas tienen es miedo a lo desconocido, están en una situación en la que han denunciado a su pareja durante tantos años, que suele ser el padre de sus hijos, no dominan, no controlan, necesitan ser escuchadas, que hablen de sus problemas, las dudas fundamentales que tienen son las repercusiones penales que puede tener su autor, si entran en prisión o no». Luego cogen confianza y evolucionan gracias a su protector y les preocupa que no las molesten.

Quintanilla tiene incluso móviles de madres, hermanas o amigas de los agresores y les deja claro que cualquier comunicación ha de hacerse a través de los letrados. «Algunos son reticentes, pero les dejamos claro que lo que queremos es ayudarles e informarles de que la víctima tienen un servicio de protección policial». Muchas veces, las víctimas no están localizables y «sabemos por una amiga o hermana que están bien. Algunas no colaboran, incluso apagan el teléfono», reseña esta agente, que dice muchas veces hace de psicóloga y de trabajadora social para hacerse entender. «Te dicen mira qué puedo hacer con esto, y si se lo puedes solucionar, que es casi siempre, lo haces en el momento».