Una organización criminal asentada en la Costa del Sol ha sido desarticulada por presuntamente defraudar más de 10 millones de euros al no hacer frente al IVA de los hidrocarburos que vendía a minoristas. La operación Baresi, desarrollada por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, suma hasta el momento una docena de detenidos por delito fiscal, estafa, tenencia ilícita de armas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, aunque los investigadores han inmovilizado 1,9 millones de euros en varias cuentas bancarias, más 60 inmuebles valorados en más de 12 millones de euros (incluido un hotel), 20 vehículos de alta gama y más de 100.000 litros de combustible.
Este espectacular balance es el mejor ejemplo del lucrativo negocio construido por la organización liderada por un «viejo conocido» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según explicó ayer el comisario principal, el jefe provincial Francisco López Canedo, este hombre, afincado en Fuengirola, lideraba un entramado de 13 empresas con la ayuda de sus tres hijos, un sobrino y gente de su confianza, como un contable asentado en el municipio granadino de Cúllar Vega y bufete de abogados de Málaga con sede en la calle Larios con el que creaba empresas pantalla. Por su parte, el delegado de la Agencia Tributaria en la provincia, Juan Rico, aseguró que la organización, implicada en tráfico de hachís y contrabando anteriormente, comenzó a operar en el sector de hidrocarburos durante el verano de 2016.
Rico aseguró que el supuesto fraude se realizaba durante la fase de transmisión del combustible entre el operador y los distribuidores minoristas, «que son gasolineras, estaciones de servicio o almacenes fiscales», añadiendo que la defraudación no se produce en el impuesto especial, «que lo ingresa el titular del depósito fiscal»; sino cuando el operador pone a la venta el combustible. Es en ese momento cuando repercuten el IVA pero no lo ingresan porque ya han introducido el combustible en el mercado a un precio inferior. Esto, continuó el delegado provincial de la Agencia Tributaria, es un posible delito contra la Hacienda Pública agravado. Pese a que la mecánica recaudatoria tiene sus plazos y procedimientos y no siempre es estrictamente ágil, Rico aseguró que el hecho de que hubiera «una investigación previa y un seguimiento de los comportamientos posibles, ya estábamos en la sensación de que había irregularidades, aunque teníamos que esperar a que se concretara que no ingresaban el IVA».
Grandes movimientos
De hecho, no es hasta el último trimestre de ese año cuando se detectaron grandes operaciones de compraventa de hidrocarburos cuyos impuestos no se pagaron en enero de 2017. Esto les supone colocar una gran cantidad de combustible con una importante ventaja competitiva al poder vender el mismo a un precio muy por debajo del mercado. La actividad fue detectada por la Agencia Tributaria en febrero de ese año, momento a partir del cual la investigación destapa operaciones inmobiliarias para blanquear los beneficios. Tras meses de investigación, esta explotó el pasado diciembre con un total de 8 registros en Fuengirola, Torremolinos y Málaga, aunque también alcanzaron a las provincias de Granada, Sevilla y Barcelona. Además del patrimonio ya mencionado, los agentes localizaron dos armas (un arma corta y una pistola eléctrica), gran cantidad de documentación y otros efectos de valor como un reloj valorado en 30.000 euros.
El subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, que acompañó a los responsables de la operación durante la rueda de prensa, destacó el importante volumen de producto que consiguieron colocar en el mercado y la ventaja competitiva respecto a otros operadores.
