Jusapol está intensificando en toda España su campaña para exigir la equiparación salarial respecto a las policías autonómicas. Desde el pasado 3 de febrero, esta asociación formada por policías nacionales y guardias civiles de toda España da un paso más en su campaña reivindicativa y está organizando por toda España manifestaciones para que se haga aún más visible la diferencia de salarios entre estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en ralación con las distintas policías autonómicas. De hecho, ya se han celebrado manifestaciones en Sevilla, Albacete, León, Alicante y Mallorca y así continuarán por distintas capitales españolas hasta concluir con una gran manifestación el 5 de mayo en Madrid. Para Málaga, Jusapol ha convocado una gran manifestación el próximo 3 de marzo a las 12 horas con salida en la plaza de la Merced.

Precisamente en Málaga es donde este asociación logró recoger más firmas en Andalucía para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que propondrán una ley que regule la equiparación salarial, superando las 50.000 adhesiones a sus reivindicaciones pòr parte de los malagueños. Las mesas de Jusapol estuvieron presentes en Málaga capital, Rincón de la Victoria, Nerja o Marbella.

Si los ciudadanos de a pie son la cara, para los portavoces de Jusapol la cruz es el veto que el Gobierno ejerce sobre la asociación en las negociaciones y la actitud de los sindicatos policiales tradicionales hacia la organización. «No nos los explicamos. Llevan más de 30 años sin ejercer una presión contundente por la equiparación salarial y justo ahora, cuando Jusapol ha surgido de la nada por esa pasividad sindical, se suben al carro pero sin contar con nosotros», asegura. El portavoz de Jusapol cree que esto se debe a que los responsables de los sindicatos ven en la asociación una amenaza hacia sus afiliados: «Nosotros no somos un sindicato, sólo luchamos por la equiparación salarial, por eso nació Jusapol, pero es cierto que muchos agentes se están dando de baja de las organizaciones sindicales porque han comprobado el inmovilismo de las mismas, por insatisfacción propia y particular de cada funcionario».