El jurado tributario del Ayuntamiento de Málaga ha admitido la reclamación de Inmaculada Díaz, una vecina desempleada del Tarajal, que fue multada junto con un jardinero con 4.000 euros en 2013, en concepto de reposición de un ficus elástica, que linda con su vivienda, pero que se encuentra en terrenos de la Junta de Andalucía.
Aunque el ficus sigue en pie y en la actualidad sus ramas invaden buena parte del patio de la casa, el Ayuntamiento considera que fue eliminado por una tala agresiva y multa por la eliminación del ejemplar.
El organismo municipal, como pedía esta vecina, ha anulado la llamada providencia de apremio, el acto necesario para actuar contra los bienes del deudor, por entender que el cobro ya estaba suspendido, después de que lo solicitase Inmaculada Díaz.
«No era justo que embargaran a una persona cuando todavía no ha terminado el procedimiento judicial» ,resumió esta semana Ernesto Díaz, hermano de Inmaculada, que precisó que esta resolución supondrá la devolución de los 2.355 euros de multa para el jardinero que hizo la poda del árbol, pero de la que se hizo cargo la familia Díaz. El Ayuntamiento también deberá devolver a Inmaculada cerca de 500 euros, porque estaba pagando la multa a plazos.
Ernesto Díaz, que ya intervino en el último pleno municipal de 2017, pidió al Servicio de Parques y Jardines que aproveche este reinicio del procedimiento «para que compruebe que el árbol no ha sido eliminado, que sigue ahí y que la sanción no corresponde».
Como adelantó a La Opinión el pasado mes de octubre, la familia Díaz se encarga de podar el ficus todos los años desde hace 40. El árbol, situado entre el muro de la casa familiar y el arroyo de Pocapringue, en terrenos de la Junta de Andalucía, fue podado en 2013 para permitir que el muro de la casa pudiera subir de altura.
Pero desde que llegó la multa en 2013, tras una visita de la Policía Local, la familia ha dejado de podarlo y el ficus, además de invadir el patio, está empezando a agrietar el muro, por lo que los Díaz, tras la visita de un perito, han reclamado 701 euros al Ayuntamiento por daños y perjuicios, aunque todavía no hay contestación oficial.
La Junta sí permite que se tale
Se da también la paradoja de que en 2016, tras la consulta de la familia, la Consejería de Medio Ambiente autorizó, sin perjuicio de la obtención de licencia municipal, a eliminar el árbol, porque por su volumen «podría llegar a afectar la capacidad de desagüe del cauce (del arroyo) e incluso a la propia obra de defensa existente».
El responsable de Parques y Jardines, Javier Gutiérrez del Álamo, informó en octubre que la intervención del jardinero «taló el 80 por ciento de la copa» y que se trata de un árbol «protegido por el PGOU», de ahí que hayan pedido a la Junta que sea trasladado de sitio.
