El proceso de selección para cubrir las plazas de las nuevas bolsas se tendrá que resolver como muy tarde para el próximo junio. Esta es la fecha en la que caducan los 89 contratos temporales que se firmaron para garantizar la operatividad de la Diputación en aquellos puestos estructurales que tienen que ser cubiertos por las plazas en las nuevas bolsas de trabajo. La institución provincial convocó este proceso para cumplir con las últimas directrices que marcó el Gobierno central de Mariano Rajoy en el marco del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.
Una disposición introducida en la última Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, que entró en vigor el pasado 29 de junio, impidió que las diputaciones pudieran seguir con el modus operandi establecido hasta entonces: renovar una y otra vez los contratos a aquellos trabajadores que llevaban años cubriendo puestos estructurales sin ser funcionarios o sin estar en ninguna bolsa de empleo. Para cumplir con lo marcado, la Diputación sacó a concurso público estas plazas y, tras la fase de exámenes, los correspondientes tribunales, formados por funcionarios de la casa, están ahora pendientes de ofrecer la resolución definitiva.
Un horizonte que tiene que estar despejado para junio, como ya se ha mencionado, porque es la fecha en la que cumplen aquellos contratos temporales que se han vuelto a realizar para puentear y no comprometer la operatividad de las áreas afectadas. «Estamos hablando de puestos que, en algunos casos, llevan más de doce años cubriéndose con la misma persona», detalla Salvador Palomo, el secretario de Ased, uno de los principales sindicatos en la Diputación.
Que junio esté marcado en rojo en el calendario se debe a que la fórmula elegida para los 95 contratos temporales es la de por «circunstancias de la producción». Un tipo de contrato, que, según la ley, sólo puede firmarse por seis meses en el espacio de un año. En la práctica, a partir del 1 julio, los 95 trabajadores no podrían seguir vinculados a la Diputación. Palomo pide celeridad: «Las bolsas tienen que estar resueltas para marzo, como mucho para abril».
Fase de alegaciones
La diputada de Recursos Humanos, Pilar Fernández-Figares, al ser consultada por este periódico, se mostró optimista. «No tenemos pensado agotar los plazos, aunque cada bolsa tiene su casuística», afirmó. Ahora mismo, añadió, el proceso se encuentra en la fase de resolver las alegaciones que han sido presentadas por los examinados.
