El concejal del Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, Raúl Jiménez, anunció ayer que Limasa hará uso del plazo dado por el Tribunal Supremo para presentar alegaciones, a la decisión inicial del tribunal de no admitir a trámite el recurso planteado por la empresa contra la sentencia del TSJA que que fijaba como único convenio colectivo «aplicable y vigente» el firmado en 2010 con vigencia hasta 2012, y declaraba «la nulidad» de los acuerdos parciales alcanzados en diciembre de 2013 por empresa y trabajadores.
El Supremo, tal como informó La Opinión de Málaga, dictó una providencia el pasado 1 de febrero donde aprecia «causa para la iadmisión (a trámite) del recurso».
Para establecer todas las garantías de defensa, el Supremo concede a Limasa cinco días para presentar alegaciones antes de dictar la resolución final.
El concejal señaló que «el Tribunal Supremo deberá volver a valorar la alegación presentada por la empresa y, entonces, decidir si admite o no admite el recurso a trámite.
Según el concejal, en el supuesto de que el pronunciamiento del Alto Tribunal se produzca en el sentido de la no admisión, esto no conllevará la aplicación del convenio de Limasa 2010-12, «ya que es algo que no ha sido sometido a debate ante el Supremo».
Este pronunciamiento del concejal es desmentido por la representación legal del sindicato que presentó la demanda, Sindicato de Trabajadores de la Administración Local (STAL) al afirmar con rotundidad que la no admisión del recurso de Limasa por el Supremo supone dar firmeza a la sentencia del TSJA y a su aplicación.
El concejal dijo que el efecto que sí producirá un pronunciamiento contrario a la admisión será la reanudación del procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de lo Social número 12 de Málaga, instancia que, finalmente, será la que deberá determinar qué pactos y acuerdos del Sercla son aplicables en Limasa. «La cuestión de las condiciones laborables aplicables a la plantilla será resuelta por el Juzgado Social 12», concluyó.
