El coordinador de Política Económica, Institucional y Sectores Productivos del PP de Málaga, Joaquín Pérez, criticó ayer «la saturación que sufre el centro de valoración y orientación de la discapacidad de Málaga», dependiente de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, «al acumular retrasos de entre diez meses y un año para valorar a un usuario por primera vez, y esperas de entre año y medio y dos años para revisar el grado».

Así lo señaló junto a la parlamentaria andaluza Mariví Romero y la vicesecretaria de Acción Social, Ruth Sarabia, al tiempo que lamentó que «el Gobierno andaluz da la espalda a las políticas sociales, cuadruplicando el tiempo medio de espera para una valoración que debería realizarse en tres meses».

También explicó que «Málaga suma un total de 123.611 personas con alguna capacidad reconocida, según los datos de la propia Administración andaluza a 31 de enero de 2018, liderando el número de usuarios valorados en la comunidad y situándose por encima de Sevilla, con 119.107, pero dispone de la ratio de personal más baja de toda la comunidad autónoma». «Este retraso se debe a que hay un 25%de la plantilla que no está cubierta», advirtió.