Andalucía volverá a repetir a final de este curso las pruebas de evaluación para determinar el nivel de los alumnos que acaban sus ciclos de Primaria y de ESO. Aunque las instrucciones que las regularán se publicarán más adelante, fuentes de la Delegación Territorial de Educación informaron de que «no se esperan cambios significativos», por lo que serán similares a las del curso pasado. Para ello, la Junta realiza una selección muestral de los centros que las realizan y no censal. Son pruebas que tienen carácter diagnóstico, con las que la Junta pretende valoral el nivel de calidad de la enseñanza pública y, en base a los resultados obtenidos, decidir posibles cambios en sus políticas, si fuera así necesario.

Los resultados, por tanto, no se hacen públicos. Las pruebas son un mero recurso para conocer el nivel de los alumnos, para dar pistas sobre la labor que se lleva a cabo en los centros educativos.

Estos exámenes, que no son tales, o al menos, así se empeña la Junta en informar, son realizados por quienes estudian sexto de Primeria y cuarto de Secundaria a lo largo del último trimestre del curso. Con seguridad se volverán a celebrar durante el mes de junio. Se destierra esa terminología del vocabulario de los escolares, que muchas veces se sienten presionados por la nota.

Esto es más como un reto, una especie de juego en el que se les valoran sus habilidades competenciales lingüísticas o matemáticas a través de casos prácticos. Lo que antes se llamaba «pregunta de examen», ahora, con la LOMCE, se llama tarea. Con este método de trabajo los niños están mucho más motivados y reciben estos ejercicios como si fueran juegos intelectuales y retos.

Se trata de las denominadas pruebas de la evaluación final de etapa. Fueron establecidas por la nueva normativa LOMCE que, tras las últimas modificaciones recogidas en el Real Decreto-ley 5/2016 de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, pasan a ser muestrales y adquieren una finalidad diagnóstica. Su aplicación, por tanto, deja de ser generalizada para todo el alumnado y el resultado de las mismas sirve para aportar una información más sobre determinados aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje en dos etapas educativas distintas.

No son, por tanto, como esas temidas y discutidas reválidas que planteaba la ley Wert porque perdieron su original vinculación con el rendimiento académico y con la obtención de títulos oficiales. El rechazo a estas reválidas que planteaba la LOMCE fue casi unánime en la comunidad educativa. Y surtió efecto. Por este motivo, el Gobierno las redujo ya el pasado año a estas pruebas de diagnóstico que no cuentan como nota para el alumnado.

En Primaria, las pruebas valorarán el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística (Lengua Castellana e Inglés), de la competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología. En Secundaria se evaluaron las competencias lingüística y matemática, junto con la competencia social y cívica (materia de Geografía e Historia).

Esta evaluación se llevó a cabo el curso pasado durante los días 7 y el 8 de junio, realizándose dos pruebas cada día (la duración de cada una fue de 60 minutos, con un descanso de 30 minutos entre dos pruebas consecutivas). Las aplicaron en cada centro profesorado seleccionado por la dirección de entre quienes no impartían docencia al alumnado que realizaba dichas pruebas.

El Ministerio de Educación fija el marco general de las pruebas mientras que la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa facilitará a los centros seleccionados tanto los cuadernillos de las pruebas como los cuestionarios de contexto para recoger información sobre la situación socioeconómica de su alumnado.

Las pruebas de estas evaluaciones finales las elaborarán distintas comisiones de maestros y profesores con amplia experiencia en los cursos de 6º de Primaria y 4º de ESO.