Las declaraciones del concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, en la comisión de Transparencia del martes admitiendo que hay infracciones urbanísticas sin tramitar (casi 4.000 entre los años 2006 a 2009 y otras 810 del periodo 2009-2016) y dando por bueno que haya sido así al tratarse de «infracciones leves», levantó ayer una tormenta política en toda la oposición que calificó de «escándalo sin precedentes», de una actuación «ilegal» o de posible «prevaricación que debe esclarecerse para determinar que está pasando en la Gerencia de Urbanismo».

Ciudadanos, socio del equipo de gobierno del PP, fue el primero en pronunciarse y su portavoz, Juan Cassá, explicó que «nos preocupa el aluvión de hechos negativos en contra de la Gerencia de Urbanismo puesto que se supone que debe ser una de las locomotoras de Málaga a la hora de capitalizar inversiones». Cassá aludió a las denuncias de infracciones no tramitadas, a los retrasos «muy por encima de los niveles que marca la LOUA» en la tramitación de licencias y a los retrasos continuos en grandes proyectos. El portavoz explicó que su grupo lo «está padeciendo en sus carnes» y citó como ejemplo el plan especial de Gibralfaro, la remodelación de la plaza del Patrocinio o que «existan convenios sin cobrar por valor de más de 100 millones de euros».

Ciudadanos considera necesario una «redistribución de efectivos y un estudio serio de qué está pasando en Urbanismo.

El PSOE catalogó de «hechos de extrema gravedad» los reconocidos por el concejal , que se suman a los conocidos en julio pasado, referentes también a denuncias urbanísticas. El viceportavoz municipal Sergio Brenes señaló que hasta ahora solo «nos han dado excusas por la falta de personal y exigió explicaciones reales, «que las tiene que dar el alcalde, Francisco de la Torre, que es el responsable de la Gerencia de Urbanismo desde hace muchos años y es el que avala una gestión centrada en un urbanismo especulativo».

Posible prevaricación

Con más carga política, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, apuntó que la situación descrita por Francisco Pomares sobre las denuncias urbanísticas «puede ser un caso de prevaricación porque hay intencionalidad en no tramitarlas pues estamos hablando de denuncias de 2006, de hace doce años, y no se puede decir que en 12 años no ha habido personal para tramitar el expediente». Por eso considera que «no hay pues justificación alguna para lo que está pasando».

Torralbo recordó que «tenemos denuncias importantísimas como la que afecta a la fábrica de cemento, que señala directamente al concejal y al alcalde, que fueron los que firmaron la concesión de la licencia, que sabemos que ha caducado».

Lo que está pasando «es una vergüenza y vamos a seguir insistiendo en la realización de una auditoría seria y externa, paso a paso y contabilizando todo lo que ha ocurrido y exigiendo responsabilidades de la jefa del departamento y del concejal que la nombró como cargo de confianza», dijo Torralbo.

Males heredados

También IU Málaga para la Gente fue muy crítica con lo sucedido, que juzgó como un escándalo sin precedentes en los años de gestión del PP». Su portavoz, Eduardo Zorrilla, aseguró que «nosotros no nos cuestionamos si es legal o no legal hacer lo que han hecho, porque ya sabemos que es ilegal y el propio concejal lo ha reconocido». «Están haciendo un alarde de hipocresía pidiendo disculpas pero a la vez negando la información. La falta de transparencia y opacidad respecto a este asunto es total».

Zorrilla advirtió de que «no vamos a parar hasta arrojar luz sobre este asunto, primero queremos todos los datos y documentos, y con los papeles en la manos pediremos, si así lo estimamos oportuno, la creación de una comisión de investigación y exigiremos responsabilidades políticas. Además, después de este proceso, estudiaremos las medidas jurídicas que sean oportunas respecto a las irregularidades que detectemos».

No hubo respuesta directa de parte del equipo de gobierno, pero fuentes próximas al mismo señalaron que la situación descrita por el concejal deriva de una etapa anterior de la Gerencia de Urbanismo que los actuales responsables han heredado y están tratando de enmendar. Ello se demostraría, según la fuente, en los datos, de manera que frente a las 4.000 denuncias heredadas, los actuales responsables estarían aplicando otro modelo que ha reducido a 811 las denuncias prescritas.