La secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, anunció ayer que su formación va a pedir en el Parlamento andaluz «un plan de choque urgente» para la retirada del amianto de los colegios de la provincia de Málaga, que además se articule teniendo como prioridad aquellos centros en los que las estructuras donde está integrado este material se encuentran dañadas.
Navarro señaló que este es el caso del colegio Los Ángeles, en Málaga capital, donde representantes del AMPA y alumnos se han concentrado en protesta ante el hecho de que la Junta «aún no ha retirado un techado de uralita que se encuentra muy deteriorado desde hace cinco años».
A esta concentración acudieron además de Navarro, la parlamentaria andaluza Mariví Romero y la vicesecretaria de Acción Social del PP malagueño, Ruth Sarabia. Navarro señaló que de los escasos veinte colegios en los que el Gobierno andaluz ha actuado desde 2016, «el primero de todos debería de haber sido éste, sobre todo porque estamos hablando de que el amianto está presente en una estructura dañada que se encuentra además en la zona de recreo».
Por su parte, la Junta de Andalucía respondió que la Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la licitación de las obras de retirada de fibrocemento de 25 centros educativos de la provincia de Málaga, con un presupuesto total de 1.782.007,05 euros.
De estas actuaciones se beneficiarán los más de 10.000 alumnos matriculados en estos centros, ubicados en Málaga capital, Algarrobo, Mijas, Vélez Málaga, Antequera, Ronda, Casabermeja, Cártama y Fuengirola.
La delegada territorial de Educación, Patricia Alba, manifestó que «estas 25 actuaciones van a suponer un impulso decisivo para la retirada definitiva de los elementos que contienen amianto de los centros de nuestra provincia». Asimismo, Alba señaló también que «Andalucía es la única comunidad que ha acometido un plan programado para la eliminación del fibrocemento de los centros docentes, que se está llevando a cabo con celeridad y rigor».
Precisó además que «dada la naturaleza de estas intervenciones, siempre se realizarán por empresas especializadas y coincidiendo con periodos vacacionales para no poner en riego a ningún miembro de la comunidad educativa».
