La Diputación abrirá una investigación interna para determinar si hubo un conflicto de intereses en la contratación que realizó la responsable del área de Medio Ambiente, Marina Bravo, con la empresa de su cuñado, en relación a una serie de trabajos otorgados en la presente legislatura. Este lunes se conoció el informe que encargó a la secretaría general de la casa el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, para esclarecer una polémica que lleva planeando sobre Bravo desde el pasado mes de enero.
El informe, que consta de 33 páginas, no ha servido, sin embargo, para establecer un juicio definitivo al no presentar una conclusión concluyente. Ante las dudas que persisten en la propia secretaría, la habilitada nacional pasa la pelota a los servicios jurídicos de la Diputación y se limita a instar a Bendodo a «acordar el inicio de un procedimiento contradictorio para la declaración de la existencia o no del conflicto de intereses».
A efectos prácticos, se prevé la comparecencia de Bravo ante el asesor jurídico de la Diputación en un plazo que no podrá superar los diez días desde la puesta en marcha de este proceso. Fuentes del equipo de gobierno confirmaron a este periódico que los plazos ya están corriendo, al incoar Bendodo esta investigación en la mañana de este lunes, una vez recibido el informe de la secretaría general.
La habilitada nacional de la Diputación sí se muestra tajante, sin embargo, al subrayar en su informe que Bravo debió haber pedido más presupuestos antes de adjudicar los contratos a la empresa de su cuñado. A pesar de que se trate de contratos menores, reza el informe, «debería haberse acudido a solicitar al menos dos ofertas o presupuestos con el objeto de garantizar la imparcialidad, transparencia, integridad y concurrencia en las contrataciones».
También concluye la secretaria que Bravo, como diputada delegada de Medio Ambiente, sí encarna el órgano competente por delegación en los contratos menores. Tanto en la tramitación de expedientes de gastos con carácter previo a las fases de ejecución presupuestaria como en cuanto al reconocimiento, disposición y compromiso del gasto. La mencionada casuística es de suma importancia para el futuro desarrollo de este caso.
En el informe, a su vez, se establece la posibilidad de que «podría existir una relación de parentesco hasta el segundo grado por afinidad» entre Bravo y su cuñado. Si así lo fijan los servicios jurídicos, al ser el órgano competente en la contratación, la presión política sobre la diputada popular se incrementará.
