Ciudadanos (Cs) va a registrar una moción para reclamar a la Diputación de Málaga que cree una oficina técnica y de atención a los vecinos de las localidades de menos de 20.000 habitantes que, en sus transacciones de venta de propiedades, están exentos del pago de las plusvalías en aplicación de las sentencias del Tribunal Constitucional que exime al vendedor del pago de este impuesto municipal si la operación se ha cerrado sin incremento del valor del terreno o con pérdidas.

En un comunicado, Cs explicó ayer que el Impuesto del Incremento del Valor de Inmuebles de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía, obligaba a todos los propietarios de unos terrenos a abonar una cantidad económica conforme al valor catastral del terreno en el momento de la venta.

En 2017, el Tribunal Constitucional emitió tres sentencias en las que daba la razón a los ciudadanos a los que se les había autoliquidado el impuesto y se habían visto obligados a pagar importantes cantidades de dinero pese a que la operación de venta les había perjudicado, según recogió Cs.

Asimismo, explicó que, a raíz de estos casos, el Alto Tribunal destacaba, y ha sentado jurisprudencia, que «corresponde a los ayuntamientos modificar el régimen del impuesto para evitar cobrar por venta de terrenos en suelo de naturaleza urbana en los casos en los que el suelo no se ha revalorizado desde el momento de la compra hasta el de la venta».

Por su parte, el portavoz de Cs en Diputación, Gonzalo Sichar, señaló que «aún estamos a la espera de que las administraciones locales realicen estos cambios legislativos», que calificó como «procesos muy lentos», y añadió que piensan que «mientras se preparan y ratifican, la administración no puede desentenderse: es inconstitucional que se autoliquide la plusvalía municipal en todos estos casos, y de ahí nace esta propuesta».

Actualmente, «la única forma que tiene el vecino de evitar pagar la plusvalía cuando vende un inmueble, terreno, vivienda o edificación de naturaleza urbana es contratando los servicios de un perito que tase el valor de mercado del inmueble actualizado» y, con este documento, denominado informe de tasación, y en el plazo de un mes desde que se cierra la venta, presentarlo en el Ayuntamiento que corresponda para demostrar que no se ha lucrado con la operación, según explicó la formación naranja.

«Este servicio tiene un coste que oscila entre los 600 y los 1.000 euros, hablamos de personas que venden sus propiedades por necesidad, que no tienen capacidad económica para hacer frente a una plusvalía, con lo cual tampoco pueden abonar a un profesional un servicio que puede ser incluso más caro que lo que se pueden ahorrar demostrando que están exentos de pagar este impuesto», argumentó Sichar.