Los portavoces de los cuatro grupos de la oposición en el Ayuntamiento de la capital: PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos e IU Málaga para la Gente remitieron ayer un escrito al alcalde, Francisco de la Torre, en la que le instan a que ponga en marcha «de inmediato» la comisión de investigación sobre los expedientes de infracción en la Gerencia de Urbanismo, que fue aprobada por mayoría absoluta en el pleno del pasado mes de marzo.

Para ello le proponen que en las próximas semanas se reúnan los técnicos de la Secretaría General y de los grupos municipales con el fin de acordar las normas de procedimiento y de funcionamiento y la comisión «se constituya formalmente a finales de este mes».

En el escrito, firmado por Daniel Pérez (PSOE); Ysabel Torralbo (Málaga Ahora); Alejandro Carballo (Ciudadanos) y Eduardo Zorrilla (IU Málaga para la Gente), proponen que, una vez constituida la comisión, las sesiones se celebren los jueves de la segunda semana de cada mes es decir los días 10 de mayo, en que se constituiría e iniciaría sus trabajos la comisión; el 14 de junio y 12 de julio, y finalmente el 13 de septiembre para cerrar la comisión y aprobar las conclusiones que se alcancen.

La presión de los grupos municipales ante el alcalde para que la comisión se constituya se debe a las dudas que el PP sembró al respecto durante el pleno y a su postura de abstención, pese a que el acuerdo contó con una amplia mayoría del pleno de 18 concejales frente a las 13 abstenciones de los populares. También desconfían del concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, y de los «obstáculos» que pueda poner para la celebración de la comisión, por las implicaciones que puede tener para él.

Según los datos oficiales publicados por la propia Gerencia de Urbanismo, ésta tenía a 5 de octubre de 2017 un total de 11.669 expedientes de infracción en tramitación.

Lo más graves es que, además, según esos mismos datos, existen también otros 5.011 procedimientos «pendientes de tramitar su archivo». En total, 16. 680 denuncias de infracción.

Estos últimos 5.011 expedientes sin tramitar son los que la oposición quiere investigar expresamente para saber las causas que han impedido su tramitación, las fechas en que se expidieron las denuncias y los motivos.