El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga anunció ayer que iniciará acciones legales contra la Junta de Andalucía por no exigir la colegiación a sus enfermeros, tal y como se comprometió la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en junio de 2014, tras las sentencias del Tribunal Constitucional de 2013, que dejaron clara la obligación de colegiarse, independientemente de que el ejercicio profesional fuese tanto en la administración pública como en las empresas privadas.
El presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, Juan Antonio Astorga, indicó que después de cinco años y «sorprendidos» de que la administración autonómica, «que ha de dar ejemplo, no exija el cumplimiento de la ley para todos los enfermeros», optaron por acudir a la justicia.
«La colegiación es una garantía para los ciudadanos. Cualquiera puede comprobar, por su seguridad y tranquilidad, a través de la web del Colegio, si la enfermera o enfermero que le atiende está habilitado para ello», expuso.
El pleno restablecimiento de la obligatoriedad de colegiarse está respaldado por la normativa vigente y la jurisprudencia al respecto, señaló Astorga, quien añadió que la entidad colegial también está obligada a verificarlo «por el debido control deontológico y de intrusismo profesional, contribuyendo a una mejor atención ciudadana en cuanto a los derechos de los usuarios del sistema de salud en relación a los colegios profesionales».
«Dicho restablecimiento en Andalucía se hizo público por la administración sanitaria un año después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la norma andaluza que eximía de la colegiación obligatoria. Tras un litigio de once años, el órgano que interpreta la Constitución dejó claro que la obligatoriedad o no de la colegiación no es cuestión autonómica sino estatal, y la ley estatal así lo establece», expuso Astorga.
En este sentido, se puso sobre la mesa la reciente condena por intrusismo y falsedad documental de una presunta enfermera que prestó sus servicios en un hospital público durante casi 20 años y que inmediatamente fue denunciado en 2013. «Siendo este caso tan impactante, no elimina el que pueda haber otros, si no se hace cumplir la ley por parte de todos: administración pública, empresas privadas y Colegio», apostilló.
El representante del despacho de abogados Málaga Laboral, que presta la asesoría jurídica al Colegio de Enfermería, Francisco Sánchez, comentó que se trata de un proceso largo «en el que ha investigado la documentación aportada de su país de origen, fuera de la Unión Europea, y la no homologación del mismo por parte del Ministerio de Educación». Ahora, con la reciente sentencia de finales de marzo, aunque no es firme por los diez días para poder recurrirla, se ha concluido con la condena por intrusismo y falsedad documental, a una multa de 5.000 euros y siete meses de prisión, según declaró el letrado.
