El alcalde, Francisco de la Torre, anunció ayer que ha dado «instrucciones precisas» a la Gerencia de Urbanismo para que proceda a «la puesta en marcha de una comisión de investigación» relativa a los expedientes de infracción del periodo 2006-2016, según los términos acordados en el pleno celebrado el pasado 23 de marzo. De la Torre respondía así por escrito a otra carta firmada por los cuatro portavoces de los grupos de la oposición municipal, el pasado 5 abril, en la que estos le instaban a poner en marcha «de inmediato» la comisión de investigación sobre los expedientes de infracción en la Gerencia de Urbanismo, que fue aprobada por mayoría absoluta en el pleno de marzo. En dicha carta los portavoces le proponían que en las próximas semanas se reúnan los técnicos de la Secretaría General y de los grupos municipales con el fin de acordar las normas de procedimiento y de funcionamiento y la comisión «se constituya formalmente a finales de este mes». El acalde, sin embargo, no hace ningún tipo de referencia a esta petición.

En la misma misiva proponían también que la comisión iniciase sus trabajos el 10 de mayo, con su constitución y primeras tareas y que una vez constituida, las sesiones se celebren los jueves de la segunda semana de cada mes es decir los días 10 de mayo, 14 de junio y 12 de julio, y finalmente el 13 de septiembre para cerrar la comisión y aprobar las conclusiones que se alcancen.

Según los datos oficiales publicados por la propia Gerencia de Urbanismo, ésta tenía a 5 de octubre de 2017 un total de 11.669 expedientes de infracción en tramitación. Lo más graves es que, además, según esos mismos datos, existen también otros 5.011 procedimientos «pendientes de tramitar su archivo». En total, 16. 680 denuncias de infracción.

Estos últimos 5.011 expedientes sin tramitar son los que la oposición quiere investigar expresamente para saber las causas que han impedido su tramitación, las fechas en que se expidieron las denuncias y los motivos.

La creación de esta comisión de investigación, que sería la tercera en este mandato municipal, después de las de Limasa fue aprobada en el pasado pleno de marzo con una amplia mayoría del pleno de 18 concejales frente a las 13 abstenciones de los populares.