La representación de los trabajadores de la Delegación de la Agencia Tributaria en Málaga ha emitido este lunes una nota informativa en la que se critican los planes comunicados el pasado jueves por los responsables de este organismo, que incluyen el abandono del edificio para su reforma en la primera mitad de 2019 por un periodo inicialmente calculado en unos siete años. La junta de personal recuerda en ese comunicado que las patologías detectadas en el edificio están recogidas en un informe que se conoció en junio de 2017 elaborado por la empresa Calconsa XXI y apunta que "no existe un segundo informe técnico, a los efectos de contrastar y asegurar el diagnóstico" ofrecido por el citado estudio. "La conclusión final es que se dan por obvias cosas que no son y que se ha adoptado un decisión unilateralmente de una gran impacto para el gasto público, los ciudadanos y trabajadores sin la justificiación suficiente", señalan.
"No existe un estudio completo y exhaustivo acorte con la importancia de abandonar el edificio (durante 8-10 años, con un coste en locales para la hacienda pública que va a estar entre los 18 y 20 millones de euros) donde se valoren y justifique las razones técnicas que aconsejen la oportunidad y ejecución de un proyecto de obra con y sin desalojo total", apunta el escrito.
Sobre la futura reforma del edificio de la Agencia Tributaria, la junta de personal también lamenta que "no existe un proyecto de obra elaborado que detalle y señale el alcance de la obra, es decir, el cómo, y presupuesto de la obra a realizar". "En consecuencia, no hay memoria económica ni presupuestos de las posibles alternativas en la ejecución de la obra. A pesar de ello, se ha descartado el antiguo proyecto de realizar las obras por plantas y desalojo parcial de las mismas", añade la junta, que dice que las explicaciones facilitadas por los reponsables de la AEAT en la reunión celebrada la semana pasada con los representantes de los trabajadores se han hecho "sin rigor".
La Agencia Tributaria, tal y como explicaron fuentes de este organismo el pasado jueves, ha atado el alquiler de tres emplazamientos que suman unos 9.000 metros cuadrados para alojar a los empleados durante el plazo que duren las obras (dos de los contratos se firmaron en estas dos últimas semanas y el tercero se cerrará de forma inminente). Las dependencias seleccionadas son el inmueble de más de 5.000 metros cuadrados situado entre las calles Ayala y Héroe de Sostoa, donde El Corte Inglés tenía abierto hasta hace poco una tienda outlet (y conocido por albergar hace décadas el antiguo supermercado Gaybo); un local de 1.841 metros cuadrados situado en la primera planta de un edificio en la calle Hilera, 4, propiedad de una sociedad limitada local, y la segunda planta de centro comercial Málaga Plaza, propiedad de una sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria con sede en Madrid (Hispania, con 2.291 metros cuadrados. Estimaciones realizadas por fuentes cercanas a esta operación calculan que el gasto en estos alquileres puede suponer un montante de alrededor de 1,2 millones de euros al año. Los precios en esas zona para el mercado de oficinas rondan los 15 euros por metro cuadrado al mes.
Los propietarios de esas dependencias tendrán que hacer ahora unas obras de acondicionamiento de los mismos que llevaran unos meses, por lo que Hacienda calcula que los tendrá disponibles para este otoño. A partir de ese momento, será la propia Agencia Tributaria las que tendrá que acometer diversas actuaciones de adaptación de las oficinas a las necesidades y requerimientos que demanda el trabajo de la plantilla y la atención al público, lo que en principio hace augurar que el traslado físico de los servicios se acometerá durante la primera mitad de 2019.
En su escrito de este lunes, la junta de personal señala que han solicitado una copia de esos contratos de alquiler, algo que se les ha denegado. Según comentan, los responsables de la Agencia tan sólo les han detallado que los contratos de alquiler son por siete años y que incluyen una opción de prórroga de tres años. En el comunicado, los representantes de los trabajadores dicen también que, en caso del inmueble del antiguo Gaybo, la Agencia Tributaria también pagará la reforma que hará el propietario (en este caso, El Corte Inglés).
"De manera indirecta, al correr este gasto por cuenta de la Agencia Tributaria, se está encareciendo el importe del arrendamiento, además de otorgar un beneficio al dueño del inmueble, cuyos efectos se extenderán más allá de la vigencia del contrato. "Cuando la Agencia se marche (si lo hace), El Corte Inglés disfrutará de unas oficinas preparadas para continuar alquilándolas sin incurrir en mayores costes", explican.
La junta de personal tampoco entiende por qué en este proceso la Agencia no ha optado por utilizar los 1.600 metros cuadrados que tiene la nave de la Aduana en el Puerto, propiedad de la AEAT, "de manera que sirvan de colchón para reducir costes y en su caso para utilizar si hubiera desalojos parciales", afirma. La respuesta de la Agencia, indican, es que "han descartado su adaptación a oficinas por su elevado coste y por el tiempo que requieren las obras".
