La Inspección de Trabajo de Málaga comienza cada año por estas fechas su época más intensa de visitas a los negocios del sector de la hostelería para combatir la economía sumergida, una lacra persistente y que en la época de crisis ha ido a más, según advierten reiteradamente los sindicatos. La Inspección calcula que a lo largo de este 2018 realizará un total de 1.350 inspecciones en la provincia dentro de la campaña especial dedicada a este sector. La gran mayoría, en torno a un 70%, tendrán lugar entre los meses de mayo y septiembre, coincidiendo con los meses más potentes de la temporada turística, según los datos facilitados a este periódico por el jefe de este departamento en Málaga, Alfonso Conejo.

La programación de estas visitas tiene entre sus principales objetivos, por un lado, el afloramiento de empleo negro (trabajadores que desempeñan sus funciones sin estar dados de alta) y, por otro, tratar de atajar el uso abusivo de los contratos a tiempo parcial por parte de algunos empresarios, que camuflan así lo que en realidad son jornadas completas de sus empleados.

La campaña de inspecciones del pasado 2017 en la hostelería se cerró con más de 1.600 visitas de inspección y casi 4.300 actuaciones que se saldaron con, entre otras incidencias, la regularización de 944 trabajadores que estaban en situación irregular en sus empresas, ya sea por no tener contrato de trabajo o porque echaban un 50% más de horas de las que estipulaba su jornada laboral.

Los casos de empleados con contrato a tiempo parcial que trabajan muchas más horas de las que les corresponde son, en estos últimos años, los más frecuentes detectados por los inspectores en sus visitas a bares, restaurantes, chiringuitos o discotecas de la provincia. Por zonas, la capital y toda la franja de la Costa del Sol centran las labores de control, por concentrar a la mayor parte de los municipios con más población de la provincia y, en consonancia, a la mayoría de negocios y trabajadores del sector hostelero.

El balance de la Inspección de 2017 revela también que los controles de este departamento permitieron levantar dentro de la campaña de control de la hostelería más de 524 actas de infracciones en diferentes empresas y unas propuestas de sanción que sumaron algo más de tres millones de euros.

Las visitas a los negocios de este sector posibilitaron además una recaudación inducida de otros 277.000 euros para la Seguridad Social, correspondientes a bases de cotización no satisfechas, diferencias relativas a la incorrecta aplicación del convenio colectivo de hostelería por parte de las empresas (al no pagar a sus trabajadores con arreglo a las tablas salariales vigentes) o prestaciones de desempleo recuperadas para las arcas del Estado. Se detectaron, por ejemplo, 60 casos en los que una persona que trabajaba sin contrato en una empresa estaba además cobrando la prestación por desempleo, según los datos de la Inspección.

Campaña y legislación

A nivel nacional, la Inspección de Trabajo lleva más de una década realizando esta campaña especial de hostelería, con especial incidencia en las provincias de mayor tirón turístico, caso de Málaga.

«Los controles en la hostelería se hacen durante todo el año pero es a partir de finales de abril cuando empezamos a intensificarlos hasta el final del verano. Se hacen siempre por sorpresa y en bastantes casos durante los fines de semana, porque sabemos que son jornadas de gran actividad. También hay controles en horario nocturno», han comentado en varias ocasiones desde la Inspección.

La legislación establece que una empresa que acoja a personas sin contrato se enfrenta a una multa de 3.126 euros por trabajador, con recargos a partir del 20% conforme sube el número de afectados y aplicaciones de agravantes en relación al número de meses en que se haya mantenido la situación irregular.

En cuanto a las infracciones por fraude en el uso de la jornada a tiempo parcial, la multa para la empresa es de un mínimo de 626 euros, aunque luego se pueden aplicar agravantes. Además, se obliga a estos negocios a hacer al trabajador un contrato acorde al desempeño real.

Los sindicatos respaldan la labor de la Inspección aunque aseguran que el empleo negro detectado en estas campañas constituye sólo la «punta del iceberg» de este fenómeno. Según CCOO, el principal obstáculo reside en las limitaciones de personal que tiene la Inspección, lo que impide peinar el mercado malagueño de forma más significativa. El propio departamento también reconoce que el número de visitas programadas está en función de los recursos humanos disponibles y que, si se pudieran hacer más controles, lógicamente se detectaría más casos de fraude.