El abogado de las familias que han pedido las exhumaciones de sus allegados en el Valle de los Caídos, Eduardo Ranz, tachó ayer de «error» que Patrimonio Nacional haya impedido su acceso al recinto, donde ya han empezado los trabajos previos y ha pedido «una buena explicación». En este proceso se prevé la exhumación de cuatro víctimas, una de ellas de origen malagueño. Se trata de Juan González Moreno, un agricultor originario de la localidad de Arriate y que fue reclutado a los 28 años por el bando nacional. El joven resultó herido en la cabeza durante la contienda, lo que terminó provocando su fallecimiento en un hospital de Jerez de la Frontera en agosto de 1938.
Los otros cuerpos que serán exhumados son los de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña (Villarroya de la Sierra, Zaragoza) y el de Pedro Gil Calonge (Castrejón del Campo, Soria).
Ranz y varios miembros de las familias que representa se personaron ayer a las puertas del Valle de los Caídos pero recibieron la negativa de Patrimonio para entrar al interior y presenciar los trabajos de los técnicos del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Un portavoz de Patrimonio pidió a las familias que «no se interfieran» en los trabajos de los peritos. «No es un buen momento; están haciendo sus labores», pidió, reclamando «prudencia». Antes de intentar acceder al Valle de los Caídos, el abogado señaló que ayer era un «día histórico» y recordó que las víctimas fueron «secuestrados y enterrados con sus verdugos». «Hoy, sus familias van a recorrer ese último kilómetro de vuelta con sus no olvidados», añadió al tiempo que esperó que esto «culmine con un entierro digno». Los peritos iniciarion hacia las 9.30 horas los trabajos previos en medio de una gran expectación y un dispositivo de seguridad estricto.
