El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil emitió, el pasado 13 de marzo de 2018, un informe tras cursar sendas visitas a las obras que el Málaga Club de Fútbol está construyendo en la zona de Arraijanal. La personación de dos agentes del Pacprona de Málaga (Patrulla de Comandancia) se hizo una vez que se conoció que el 7 de marzo de 2017 la asociación ecologista Ciriana denunció el inmediato inicio de las obras. Los funcionarios, en un escueto informe enviado a la Gerencia Municipal de Urbanismo, no hablan en ningún caso de delito alguno, sino de posibles infracciones administrativas, que, por cierto, deberá determinar el propio departamento que dirige el edil Francisco Pomares y que, en principio, no parecen de gran entidad.
De cualquier forma, el informe es de marzo, y luego, en concreto el 4 de abril de 2018, la Fiscalía de Málaga abrió diligencias informativas al respecto -gracias a Ciriana- y, por tanto, se halla ahora investigando supuestos delitos, es decir, que habrá nuevos informes del Seprona. Por otro lado, hay una fuerte contestación vecinal al proyecto, así como también de los ecologistas, que han tratado de paralizar la tala de árboles en la zona y hasta existe un informe sobre los riesgos de inundabilidad de la parcela. Málaga para la Gente ya solicitó en la Comisión de Urbanismo de hace nueve días que se pararan los trabajos y que el Málaga pudiera construir su ciudad deportiva en San Cayetano. La Fiscalía, en este momento, y siempre según Ciriana, ha pedido informes al Ayuntamiento, la Junta y el Seprona, con el fin de comprobar la legalidad de los trabajos, lo que significa que se trata de estudios pedidos a posteriori en relación al que se cita en esta información.
En lo que respecta a este informe, al que tuvo acceso La Opinión de Málaga y que se remitió el 13 de marzo a Urbanismo, los agentes conforman el equipo instructor y señalan que recibieron la denuncia de Ciriana el 7 de marzo de 2018, en la que se comunicaba el inmediato inicio de las obras en la playa de Arraijanal: así, decían los ecologistas que la playa está considerada Zona Especial de Conservación con tres Hábitat de Interés Comunitario prioritario para Andalucía: «HIC 2110, HIC 2230 y HIC 2210), según la directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre de la Junta»; que en la zona hay restos arqueológicos no marcados por el PGOU; que el Ayuntamiento de Málaga había levantado un monolito conmemorativo de la primera piedra del proyecto de la Academia y presentó dos informes, uno botánico de la UMA y uno arqueológico de un «arqueólogo, historiador y profesor jubilado».
Así, los agentes realizaron una primera inspección ocular el 10 de marzo, a las 16.30 horas, y comprobaron que, sobre el terreno, en un radio de 100 metros cuadrados de grava, se depositó un monolito compuesto por cuatro bloques de hormigón. Dos días después, a las 14.00 horas, la unidad se personó de nuevo al ser requerida por los denunciantes, que les informaron de que se habían iniciado los trabajos y que la constructora y otras empresas auxiliares no poseían autorización para realizarlos, que iban a cortar eucaliptos de 50 años de antigüedad y que estaban realizando movimientos de tierra. Los miembros del instituto armado hicieron un acta de inspección y comprobaron que Bilba Constructora Andalucía y otras dos estaban realizando labores de limpieza de vegetación para realizar huecos cada cuatro metros y poner la valla perimetral. Allí identificaron a una persona, que mostró la licencia de obras concedida por Urbanismo el 21 de junio de 2017 y un plano de la valla.
Las conclusiones de los agentes son las siguientes: explican que el informe del arqueólogo e historiador, profesor jubilado de la UMA, no está firmado, «por lo que se puede entender que es un estudio de parte de dudosa procedencia al no hallarse confrontado». El profesor dice que los proyectos del Ayuntamiento y la Junta puede que hayan respetados escrupulosamente y de manera literal lo que prescribe el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos, pero no respetan ni la lógica ni un mínimo de sensibilidad ante el patrimonio histórico ni del interés del ciudadano del presente ni del futuro». La Guardia Civil afirma que se puede entender que los proyectos «se adecuan a la legislación vigente».
En relación a la documentación presentada en relación a la flora vascular presente en la desembocadura del río Guadalhorce y su entorno, «más en concreto en la zona prevista para el inicio de las obras Arraijanal-La Cizaña, posible existencia de tres Hábitats de Interés Comunitario (HIC)», la Guardia Civil dice que para que estos existan es necesario designar Zonas Especiales de Conservación que los funcionarios no han hallado. «Hasta la fecha, esta unidad no ha podido localizar esas zonas necesarias en las distintas bases de datos existentes». Además, piden a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta que compruebe la documentación aportada por la asociación y se pronuncie al respecto. Sólo hallaron que, al inicio de la obra, el promotor viene obligado a colocar un cartel anunciador de 1,50 metros de longitud por uno de anchura, cartel no localizado por los agentes, que redactan el informe por si existe «infracción administrativa». El informe se envió a Urbanismo y a la Medio Ambiente y Cultura de la Junta.
«Se sabía que había restos»
El alcalde, Francisco de la Torre, recordó ayer que «se sabía» que había restos arqueológicos en la zona de Arraijanal, que han salido a la luz con los trabajos, pero añadió que «no parece que sea algo que merezca ser puesto a la luz», aunque «sí ser conocido, estudiado y conservado», algo que dirán los expertos. De la Torre recordó que los trabajos tienen todas las aprobaciones para hacerse y «se siguen haciendo con todo el cuidado y la atención arqueológica». «Cambiar se cambiará si aparece algo muy importante», dijo.
