El Grupo Municipal de Ciudadanos insiste en que el Gobierno debe legislar ya al respecto, en lo que coincide, por cierto, con la Junta, ya que uno de los problemas fundamentales es que no hay una percha jurídica que pueda aguantar las medidas susceptibles de ser tomadas por los diferentes municipios. Algunos expertos, de cualquier forma, insisten en que algunas de estas medidas podrían tener visos de inconstitucionalidad siempre que no hayan sido respaldadas expresamente por el Congreso de los Diputados.
En cualquier caso, la postura de la formación naranja es intermedia. «Nosotros no queremos que se pierdan oportunidades ni para los pequeños comerciantes, que se han quejado de la medida balear, ni que se limite el turismo, que es uno de los principales motores de nuestro país», afirma el grupo. «Nosotros conocemos la polémica porque afecta a muchas ciudades y provincias de España y creemos que la solución pasa por una regulación estatal que no cierre barreras a los autónomos ni a las personas que quieren oportunidades y una regulación integral, más que por provincias o ciudades», aclaran.
Las declaraciones del exedil de Turismo, Julio Andrade, fueron realizadas en julio de 2017 y avanzó que se estaban estudiando medidas ya implementadas en algunas ciudades del país. Apuntó a la posibilidad de moratorias en zonas saturadas de la ciudad e incluso a gravar fiscalmente a las viviendas por ejemplo con el recibo de la basura, el agua o el IBI, aunque todo eso, insistió en varias ocasiones, estaba únicamente en estudio.Con cuidado
El equipo de gobierno trabaja en ello, pero estos días no ha avanzado nada al respecto, porque no quiere dar un paso en falso, además en un terreno tan resbaladizo como éste en el que toda la normativa es nueva.
