Cerca de 800 jubilados y prejubilados malagueños de la compañía Endesa (hoy propiedad de la firma italiana Enel) que salieron de la empresa en los años 1998 y 2000 a través de sendos expedientes de regulación de empleo vienen reclamando en estas últimas semanas la conservación de los derechos sociales y reconocidos en su día para el personal pasivo. La polémica se ha generado a raíz de las negociaciones entre los sindicatos y los representantes de Endesa para la aprobación del nuevo convenio marco del grupo, donde la empresa estaría planteado al parecer la supresión de estos derechos que se pactaron en su momento dentro de esos ERE.

El tema afecta a unos 8.000 jubilados y prejubilados de Endesa en toda España, de los que 4.000 estarían en Andalucía y Extremadura por el peso que tuvieron en las cifras de estos expedientes los trabajadores de la antigua Compañía Sevillana, según comenta a este periódico el presidente de la asociación «ERE-98 Sevillana», Francisco Gutiérrez. Sevilla y Málaga serían así las provincias de la zona sur más representativas en cuanto a posibles afectados.

Gutiérrez afirma que los contactos que en este sentido se puedan estar realizando entre representantes patronales y sindicales «en absoluto han sido legitimados por los afectados y por tanto no ostentan legitimación de ningún tipo para alcanzar acuerdos en su nombre».

Los citados derechos sociales incluyen la denominada «tarifa del empleado», por la que estos hogares tienen un descuento en el pago de la luz. El presidente del colectivo recuerda que en la etapa activa de los trabajadores, la aplicación de esta tarifa es considerada y reconocida como «ingreso en especie» y añade que, en la etapa pasiva, los extrabajadores tienen reconocido su derecho a esta tarifa por una doble vía. «La primera por su condición de personal jubilado, como complemento de pensión, y la segunda a través del ERE ratificado contractualmente, todo ello en concepto de indemnización por despido con naturaleza legal de irrenunciabilidad», apunta.

«La pretendida supresión del derecho de fluido eléctrico sobre el colectivo pasivo supondría además de la pérdida de un derecho reconocido legalmente, un agravamiento irreversible en el poder adquisitivo de familias cuyos únicos ingresos presentes y futuros serán los correspondientes a su pensión», comenta. La asociación «ERE-98 Sevillana» asegura que su eliminación sería un «atropello» y anuncia que adoptará «cuantas medidas legales considere oportunas para su defensa, incluyendo desde movilizaciones ciudadanas hasta aquellas acciones judiciales que pudiesen correspondernos».

Gutiérrez afirma que Endesa demuestra ser una empresa «cuya única intención es la de aumentar sus beneficios a costa de lo que sea y a la que no le importa nada incumplir contratos que ella misma redactó unilateralmente para despedir a sus trabajadores».

Las negociaciones del nuevo convenio marco en Endesa, en el que Enel plantea también recortes en las condiciones laborales, ya han motivado algunas concentraciones sindicales. La más significativa se produjo el pasado mes de marzo frente a la Embajada de Italia en Madrid, que reunió a más de 1.500 trabajadores y personal jubilado y prejubilado contra las políticas de la multinacional italiana.

Este pasado 23 de abril se celebró otra coincidiendo con la celebración de la Junta General de Endesa en Madrid. Gutiérrez afirma que la plataforma «ERE-98 Sevillana» no está secundando como colectivo estas acciones, aunque muchos jubilados sí están asistiendo a título individual.