El exsecretario general de Universidades, Investigación y Tecnología, Francisco Triguero, y un funcionario de dicha secretaría general han sido condenados a un año de prisión por el Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga por un delito de fraude de subvenciones. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, se absuelve al director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y presidente en 2011 del patronato de la Fundación para la Investigación del Bienestar Integral de los Ciudadanos (Fibic), Felipe Romera, a quien la fiscalía malagueña ya le retiró la acusación el pasado diciembre. En el banquillo de los acusados se sentaron por este procedimiento Romera y cinco personas más por las presuntas irregularidades en subvenciones a la Fundación para la Investigación del Bienestar Integral de los Ciudadanos, en concreto para un centro de innovación denominado Cibic.
Posteriormente, el fiscal retiró la acusación y ahora también han sido absueltos en sentencia el exrector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) Juan Manuel Suárez Japón y otras dos personas más vinculadas a la fundación o la tramitación de ayudas.
En el banquillo de los acusados solo quedaron los ahora condenados, que también tendrán que pagar una multa de 2.555,95 euros con tres meses de arresto sustitutorio en caso de impago y se les absuelve de un delito de prevaricación.
En el relato acusatorio se detallaba que la fundación se constituyó en 2007 y, con la finalidad específica de construir en unos terrenos del PTA dicho centro, recibió varias ayudas públicas tanto del Ministerio como de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía. El ministerio público defendió en el juicio que hubo fraude en las subvenciones y que se ocultó información a la Intervención para recibirlas.
El juez considera probado que los acusados, conscientes de los obstáculos que suponían haber recibido previamente subvenciones para la construcción del edificio por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, así como la circunstancia de que sobre ellas pesaban procedimientos de reintegro, «decidieron ocultar estos hechos». Para ello, idearon articular una nueva solicitud a la que, al tiempo de renunciar a la previa subvención que la Fundación ya había percibido de la Consejería para la construcción del edificio, se ocultaran de nuevo a aquel órgano la existencia de otras subvenciones anteriores otorgadas para este mismo proyecto.
El juzgador mantiene que la actuación de Triguero iba encaminada a obtener la subvención necesaria para la finalización del edificio Cibic. Durante el juicio Francisco Triguero aseguró que todo se hizo conforme a derecho y que no tuvo ningún tipo de interés personal en que se recibieran las subvenciones.
