El proyecto para reformar el impuesto municipal de plusvalías y adecuarlo a la sentencia que declaró su regulación parcialmente inconstitucional en 2017 está en tramitación parlamentaria en el Congreso y la negociación previa que el Ministerio de Hacienda mantuvo con los alcaldes a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sugiere que los cambios serán aprobados próximamente con un amplio consenso.

Sin embargo, está en el aire y sin fecha la compensación para los contribuyentes que tienen derecho a que se les devuelva el dinero. El departamento de Cristóbal Montoro y los ayuntamientos están enfrentados sobre un asunto que afecta a miles de malagueños que han vendido o heredado inmuebles en años recientes.

Y no es para menos, ya que a los alcaldes no le faltan motivos para temblar ante los cambios que se avecinan en torno al polémico impuesto de la plusvalía (impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana) ya que ha sido el salvavidas que ha mantenido a flote las arcas municipales durante la crisis. Según la última liquidación de cuentas remitida por todos los municipios de Málaga al Ministerio de Hacienda, en 2016 se emitieron recibos de plusvalías por un importe de 200,5 millones de euros.

Por este tributo se recaudó en toda España en 2016, último ejercicio con datos cerrados, 2.577 millones.

El preámbulo de la proposición presentada el pasado marzo por el grupo parlamentario del PP recoge que «la ley tiene por objeto dar rápida respuesta al mandato del Alto Tribunal de llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto como consecuencia de la sentencia».

La «rápida respuesta» se aprobará semanas después de que, el 11 de mayo, se cumpla un año del fallo del Tribunal Constitucional que consideró contraria a la Carta Magna una parte de la regulación estatal, como antes hizo con las normativas forales vasca y navarra.

Específicamente, se declaró inconstitucional gravar con el llamado impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana transmisiones de inmuebles realizadas con pérdidas, sin aumento efectivo del valor.

La crisis inmobiliaria hundió los precios y las ventas, lo que provocó que fueran muy frecuentes la ventas con pérdidas. A menudo la plusvalía era por tanto irreal, pero el mecanismo de liquidación del tributo municipal, que parte de la tasación catastral, da como resultado de manera sistemática que siempre existe incremento del valor.

Un año después de la sentencia del Constitucional, los ayuntamientos, también los malagueños, han seguido recaudando la plusvalía, por lo general, en todos los casos, incluidos aquellos en los que no hubo aumento de valor. Una parte de estos contribuyentes ha formulado reclamaciones ante los municipios o los tribunales administrativos.

El proyecto de reforma resuelve esa cuestión estableciendo que «no se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de las cuales el sujeto pasivo (vendedor o heredero) acredite la inexistencia del incremento de valor».Cómo acreditarlo

Acreditarlo será posible aportando los importes que aparecen en las escrituras públicas, aunque la nueva regulación establece también que se tomará como valor de la venta el comprobado por la Administración tributaria autonómica si resulta mayor que el de la escritura.

Del texto de la proposición de reforma se infiere que los ciudadanos o empresas que hayan pagado por plusvalías inexistentes a partir del 15 de junio de 2017 (fecha de publicación oficial de la sentencia del Constitucional) tendrán derecho a la devolución del dinero (frecuentemente, cantidades superiores a los mil euros).

Hasta ahora ni Hacienda ni los ayuntamientos han precisado a quiénes se devolverá el dinero y a través de qué mecanismo. Es más, el presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha reconocido que existe un pulso con Montoro en este terreno. «¿Lo vamos a pagar nosotros o tendrá que pagarlo quien legisló, que fue el Estado?», interrogó retóricamente Caballero en unas declaraciones a Efe. Reconoció que la respuesta «está sin resolver» y fijó así la posición de los consistorios: «El Gobierno debe comprometerse» para devolver «lo cobrado injustamente» a los ciudadanos.

Los ayuntamientos quieren añadir a la reforma de la ley de Haciendas Locales la creación de un fondo estatal para que los contribuyentes recuperen su dinero.