La comisión de investigación sobre los expedientes urbanísticos que caducaron sin que se impusiera sanción alguna entre 2006 y 2016 tendrá que aclarar la cifra exacta de estos, ya que en la moción que presentó Málaga para la Gente al pleno se aludía a 7.000 de estas carpetillas, la misma que ayer en rueda de prensa dieron los ediles Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos, mientras que el Ayuntamiento ha remitido una documentación a los grupos en los que se insistió en que entre 2009 y 2016 supuestamente sólo había 2.593 expedientes en esta situación, de los que 810 debían ser archivados al haber caducado la acción y haber prescrito la infracción.

En esos 2.593 expedientes sólo consta el alta y fueron examinados únicamente por un empleado público del Servicio de Infracciones de Urbanismo. «El número de expedientes en esa supuesta situación es de 2.593 y no de 7.000 como se afirma en la moción y el resultado de dicho análisis». Se copian, además, los resultados de la Comisión de Transparencia en este informe: 313 de esos expedientes se dieron de alta tras la comunicación por parte del Registro de la Propiedad de inscripciones de inmuebles en el mismo, no teniendo la consideración de denuncias como tal; 18 estaban duplicados; 416 debían ser archivados por inexistencia de infracción urbanística (obras amparadas en licencia u orden de ejecución, no ser de nuestra competencia, tratarse de solicitudes de información y no de denuncias; 810 debían ser archivados al haber caducado la acción y los restantes 991 se encuentra en plazo para incoar procedimiento de la legalidad. «Salvo raras excepciones, los hechos denunciados constitutivos de infracción eran de escasa entidad y de carácter leve de acuerdo con la LOUA», asegura el equipo de gobierno.

El grupo de IU Málaga Para la Gente pidió ayer en rueda de prensa que aclare la cifra exacta, los motivos por los que no se ha hecho, si existen algunos en los que haya relación entre el equipo de gobierno y los presuntos infractores y «con qué oscura finalidad se mantiene el caos en este órgano municipal».

Entre 2006 y 2016, «unas 7.000 infracciones han quedado impunes, la mayoría sin tramitar, y otras han prescrito o caducado. Unas 4.000 se dieron entre 2001 y 2009, los años más negros, son unos hechos gravísimos», dijo el portavoz, Eduardo Zorrilla. «La imposición de infracciones por disciplina urbanística tiene una finalidad preventiva y disuasoria, que es que la ciudad no se convierta en un caos donde cada cual edifica como quiere sin atenerse a la legalidad», añadió.