Que el turismo es la principal actividad económica de la provincia no deja lugar a dudas. Que el auge de las viviendas turísticas se ha convertido en un problema de primera magnitud para todo el país y, por ende, para Andalucía y Málaga, tampoco. Pero nadie sabe por dónde tirar: a falta de una regulación estatal, que podría incidir en la fiscalidad y las moratorias, cada comunidad y municipio van por un lado, con legislaciones con diverso grado de restricción. Andalucía tiene su decreto, pero en Málaga, por ejemplo, sólo tienen ocho inspectores (tenía seis hasta hace poco) para hacerlo cumplir, según datos a los que ha tenido acceso este periódico. Además, este cuerpo de inspectores está obligado a hacer cumplir la normativa de viviendas turísticas y de hoteles, de hacer inspecciones periódicas en todos los establecimientos de la Costa del Sol, un trabajo inasumible pese a la profesionalidad y entrega de la plantilla. En definitiva, hay ocho inspectores de Turismo de la Junta para inspeccionar 20.448 pisos turísticos reglados y 469 hoteles.
A estos hay que sumarles los aparthoteles, los apartamentos turísticos y los camping, amén de las casas rurales. Así, parece complicado hacer cumplir la normativa de la principal industria de la provincia. Y no es un problema sólo de Málaga o de la autonomía. En Palma de Mallorca, por ejemplo, hay 15 inspectores y tres tramitadores para inspeccionar 392.000 plazas turísticas legales entre hoteles y viviendas (uno por cada 119 hoteles y 920 viviendas vacacionales).
Gonzalo Fuentes, responsable de Turismo de CCOO a nivel estatal, destaca que estos inspectores «han de visitar los hoteles para ver si cumplen los requisitos mínimos en relación a las estrellas que tienen, y, cuando se pide con 15 días a la Junta incluir tu casa en el registro de viviendas turísticas, deben inspeccionarla. Si no lo hacen, el silencio administrativo funciona en sentido positivo». Además, persiguen las denuncias interpuestas, porque muchas de las reclamaciones que ponen en los hoteles, por ejemplo, acaban en la Junta de Andalucía. «Si a los 15 días no han ido, como ocurre en el 90% de los casos, el silencio administrativo es positivo». En plazas, los datos resultan más demoledores: las 20.488 viviendas turísticas suponen una capacidad de 103.000 plazas; en cuanto a los 469 hoteles, estos ofrecen 80.000 camas hoteleras. Fuentes considera que habría que triplicar la plantilla (hasta 24).
Marbella y Málaga, claro, destacan sobre el resto. La capital, cuyo Ayuntamiento está haciendo un estudio para saber cuántas viviendas turísticas hay y dónde están, posee 3.170 pisos vacacionales, unas 16.000 plazas; Marbella es la primera, con 3.600 casas y 21.000 plazas. En cuanto a hoteles, la capital posee 76 y oferta 9.400 plazas, mientras que Marbella tiene 47 hoteles y 12.400 camas. A todo esto hay que sumar la oferta ilegal de viviendas turísticas, un boom de imprevisibles consecuencias, estima Fuentes, quien señala que nunca están todos los inspectores.
«Este boom viene de la crisis: se construyeron muchas casas que no se vendieron y estaban vacías, antes se dedicaban al alquiler, pero ahora se usan para alquileres turísticos; también hay muchos turistas que residen aquí y alquilan sus viviendas y una parte importante del parque viene de personas con dos residencias que han de pagar sus hipotecas y alquilan una de ellas.
La rentabilidad es bestial. Si sacas 700 euros al mes por un alquiler normal, por uno turístico ganas 2.500 o 3.000 euros», reflexiona.
Fuentes considera que ha llegado el momento de endurecer el decreto de la Junta, y recuerda que las viviendas turísticas pueden generar problemas de convivencia entre los vecinos y, además, supone un ataque frontal a los hoteles, la economía que sí crea riqueza y empleo. «O se corta este boom o explota», aclara. En su opinión, el Centro ya está saturado.
El presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), Carlos Pérez-Lanzac, asegura que están colaborando con con la Cátedra de Derecho Civil de la UMA para buscar fórmulas jurídicas que ayuden a regular la situación, aseguró que las asociaciones no deben asumir la responsabilidad de inspeccionar e interponer denuncias de ofertas ilegales, sino que ello corresponde a las instituciones, mientras que el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, constató la necesidad de crear una comisión que aborde de manera integral las funciones de la Inspección de Trabajo, Hacienda y las Fuerzas de Seguridad del Estado al respecto.
