El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital-Málaga) ha elaborado un documento en el que esbozan cinco líneas básicas que abordarán en reuniones con la Diputación Provincial de Málaga. También han creado una comisión que abordará estas líneas básicas y que trata de lograr una mayor colaboración de la institución supramunicipal con los pequeños municipios de la provincia, ahogados por la falta de recursos humanos.

Como explica el presidente del colegio, José de Vicente García, «defendemos el deber de asistencia y colaboración técnica en muchas materias que marca la ley, ahora esta colaboración es floja, me refiero al asesoramiento jurídico puntual, de forma que el servicio que lo presta, el Sepram, está desmantelado y hay que potenciarlo, también hablo de asesoramiento económico financiero y contable, entre otros».

Expone De Vicente que este documento es para presentárselo a la Diputación y «reunirnos con ellos, no es una imposición a nadie, sino que, una vez que esté, queremos consensuarlo con ellos». Carlos Limón, secretario de El Borge y miembro de la Junta de Gobierno de Cosital Málaga, señala que se trata de mejorar la vida de los municipios.

El documento recoge las siguientes líneas básicas: la nueva Ley de Contratos del Estado (que establece, por ejemplo, que las mesas de contratación sean por internet y reduce la cifra para contratos menores por obras y suministros y servicios), la asistencia económicofinanciera y contable a los municipios, administración electrónica y protección de datos, asesoramiento jurídico en urbanismo y personal y tesorería.

En otro orden de cosas, De Vicente explica que ahora se ha producido toda una cascada de normas que afectan a los habilitados nacionales y que han revolucionado su ámbito de trabajo: la Ley de Procedimiento Administrativo, «una revolución en la administración electrónica, que nos coge en mantillas», dice; la Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en marzo, y que produce importantes cambios en los procedimientos de adjudicación de los contratos, especialmente en los menores, una norma que «crea muchos problemas»; dos reformas de reglamentos, el de control interno de las entidades locales, que introduce criterios de la Intervención General del Estado en la intervención municipal y obliga a hacer auditorías públicas, y el régimen jurídico de los habilitados, que da más competencias a los secretarios y establece que cada municipio ha de tener un tesorero (algo que no se cumple en los pequeños, porque el secretario hace de interventor y tesorero). Por último, el 25 de marzo de 2018 entró en vigor la normativa de protección de datos, una transposición de una norma europea, y que crea la figura del delegado de Protección de Datos en cada administración, sin que haya muchos juristas especializados en este tema.

De Vicente recalcó que no se puede funcionar en el siglo XXI con una administración local diseñada en el XIX. «Mi propuesta es reformar la planta local, de forma que cada municipio tenga un gobierno pero no un ayuntamiento, sino que un Consistorio sirva a distintos municipios, de forma que la administración local más pequeña llevara a 15.000 o 20.000 habitantes». Así, la administración sería más potente, sus altos funcionarios estarían más preparados, habría más dinero y no «harían falta las diputaciones». En Málaga, como mucho, quedarían 18 o 20 ayuntamientos de 103.