La Fiscalía de Málaga ha citado para hoy en calidad de testigos al interventor y a la secretaria de la Diputación de Málaga para investigar si hubo irregularidades en torno a la adjudicación de contratos menores a la empresa del cuñado de la diputada Marina Bravo (PP).
El pasado abril, la Fiscalía abrió diligencias de investigación penal para investigar los contratos realizados por el área de Medio Ambiente y Promoción del Territorio, que dirige Marina Bravo, con la empresa del hermano de su pareja y en la que también trabaja él.
La investigación se inició después de que el pasado marzo Ciudadanos de la Diputación de Málaga alertara de las presuntas irregularidades ante la Fiscalía tras conocerse un informe de la Secretaría General en el que, pese a que no concluye claramente si hay o no conflicto de intereses, sí sostenía que el área debería haber pedido más ofertas a otras empresas. El informe, que consta de 33 páginas, no sirvió para establecer un juicio definitivo al no presentar una conclusión concluyente. Ante las dudas que persistían en la propia secretaría, la habilitada nacional pasó la pelota a los servicios jurídicos de la Diputación y se limitó a instar a Bendodo a «acordar el inicio de un procedimiento contradictorio para la declaración de la existencia o no del conflicto de intereses». Y es que, en el informe, a su vez, se establecía la posibilidad de que «podría existir una relación de parentesco hasta el segundo grado por afinidad» entre Bravo y su cuñado. Si así lo fijan los servicios jurídicos, al ser el órgano competente en la contratación, la presión política sobre la diputada popular se incrementó.
La formación naranja, que también ha llevado el caso a la Cámara de Cuentas, considera que existe un «conflicto de intereses», al tiempo que argumenta que «no habrá una resolución más clara y objetiva en torno a este turbio asunto que la que puede hacer la Fiscalía y la Cámara de Cuentas». Se trata de un paquete de nueve facturas que ronda 99.000 euros correspondientes a contratos menores adjudicados desde octubre del 2015 sin solicitar presupuestos a otras empresas del mismo sector.
El interventor de la Diputación puso reparos a alguno de los contratos que firmó la edil de Medio Ambiente, Marina Bravo, con la empresa de comunicación TuImagina. En el correspondiente informe de fiscalización emitido el pasado 7 de noviembre el interventor señaló la naturaleza similiar de dos contratos formalizados, que ascendían a un total de 41.832 euros, y llega a la conclusión de que se «estaría rebasando el límite establecido para la consideración de un contrato». «En virtud de todo lo expuesto, cabe concluir el presente informe fiscalizado de disconformidad la propuesta de la factura incluida en el resumen contable por un importe total de 41.832 euros», reza el informe. En su conclusión, el interventor remarca la «falta de un procedimiento de adjudicación de la prestación del servicio al superar el límite establecido para la consideración de un contrato menor».
