La Fiscalía de Málaga tomó ayer declaración en calidad de testigos al interventor y a la secretaria de la Diputación de Málaga para investigar si hubo irregularidades en torno a la adjudicación de contratos menores a la empresa del cuñado de la diputada Marina Bravo (PP). Fuentes judiciales aseguraron a Efe que las declaraciones giraron en torno a los informes que ambos emitieron sobre la adjudicación directa de contratos, aunque no ha trascendido el contenido de las mismas. El pasado abril, la Fiscalía abrió diligencias de investigación penal sobre los contratos realizados por el área de Medio Ambiente y Promoción del Territorio, que dirige Marina Bravo, con la empresa del hermano de su pareja y en la que también trabaja él. La investigación se inició después de que el pasado marzo Ciudadanos de la Diputación alertara de las presuntas irregularidades tras conocerse un informe de la Secretaría General en el que, pese a que no concluye claramente si hay o no conflicto de intereses, sí sostiene que el área debería haber pedido más ofertas a otras empresas. La formación naranja, que también ha llevado el caso a la Cámara de Cuentas, considera que existe un «conflicto de intereses», al tiempo que argumenta que «no habrá una resolución más clara y objetiva en torno a este turbio asunto que la que pueden hacer la Fiscalía y la Cámara».
