Un informe de la Intervención General del Ayuntamiento de Málaga, fechado el 14 de febrero de 2018 y que se refiere a las ayudas concedidas a colectivos de diversa naturaleza en 2016, establece que como medida preventiva o acción de mejora se implementará un plan estratégico de subvenciones en el Consistorio en los términos previstos en la Ley General de Subvenciones, algo en lo que ya trabaja el Área de Economía y Hacienda que dirige el teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, Carlos Conde.
«Las subvenciones que concede el Ayuntamiento se encuentran recogidas en nuestra base de ejecución del presupuesto. El Plan Estratégico de Subvenciones que venimos elaborando, y que en breve aprobaremos, nos ofrecerá una mayor información que defina para el periodo anual los objetivos y estrategias a abordar a través de este procedimiento», dijo Carlos Conde ayer a este periódico.
En el informe, se analizan 35 expedientes de subvenciones concedidas en 2016, de forma que el interventor considera subsanadas la práctica totalidad de las salvedades detectadas a excepción de dos casos, en los que se solicita la devolución de cantidades menores.
Entre las medidas preventivas, se propone la realización de una jornada con los responsables de la gestión de subvenciones de los diferentes órganos del Ayuntamiento para analizar carencias y dificultades en la gestión de las subvenciones y medidas paliativas, a partir de esas conclusiones emitir una circular que marque las pautas operativas, activar el módulo de gestión de subvenciones del programa contable «Aytos», del que se dispone desde hace años y se quedó pendiente de poner en marcha, dice el interventor.
Además, en subvenciones nominativas, sin perjuicio de que la resolución sea instrumento válido y suficiente para la concesión de las mismas, debe confeccionarse un modelo tipo de convenio. Asimismo, en el caso de ayudas sociales, «los justificantes deben estar debidamente relacionados, asimismo deben solicitar facturas simplificadas, no siendo admisibles tickets, se insistirá entre los beneficiarios en que la justificación de una subvención implica la de la totalidad del proyecto, y no sólo la parte subvencionada, se elaborará un folleto informativo según el tipo de subvención para los beneficiarios, se propone también llevar a cabo controles materiales en relación a la efectiva realización de las acciones subvencionadas» y el citado plan.
En el informe, el interventor hace un estudio conocido como DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Entre las fortalezas, destaca el impulso de la Intervención en la orientación y control de la justificación de las subvenciones, la adecuada preparación y disposición del personal responsable y el aceptable procedimiento en la materia; como oportunidad, señala que «la expectativa para acceder a futuras subvenciones opera como incentivo para los beneficiarios que cumplan con sus obligaciones». Como debilidades, apunta las siguientes: falta de una aplicación informática corporativa para la gestión de subvenciones, dificultad para hacer efectiva la restitución de fondos en el supuesto de incumplimiento y dificultad para contrastar la efectiva aplicación material de los fondos.
Por último, las amenazas son las siguientes: displicencia de los beneficiarios cuando toca justificar unos fondos que ya han usado y no tienen expectativas de optar a más ayudas y desconocimiento de la norma por parte de peticionarios.
