Facebook lo hace. Twitter lo hace. Los bancos lo hacen. Las aplicaciones que parasitan nuestros móviles, también: saludan estos días a sus usuarios y clientes con una petición para autorizar de forma explícita el tratamiento y el uso de los datos personales que, en algún momento, se han facilitado a lo largo de los últimos años. La razón está en la obligación impuesta por la Unión Europea de cumplir con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y que entra en vigor en tres días, concretamente el 25 de mayo, después de una prórroga de dos años. Pero este reglamento no sólo afecta a las empresas. Las administraciones públicas e instituciones están trabajando contra reloj para cumplir con el plazo establecido. De lo contrario, se enfrentan a sanciones severas que pueden llegar hasta los 20 millones de euros (en el caso de las empresas, el 4% de sus ingresos anuales). En el caso del Ayuntamiento de Málaga, el Centro Municipal de Informática (CEMI) lleva seis meses en esta tarea, recopilando datos y adecuando formularios con los diferentes áreas del Ayuntamiento, los organismos y las distintas empresas municipales.

Hasta el punto de que, a día de hoy, ya se cuenta con unos 600 archivos. Una enorme cantidad de información que va desde el padrón a las ayudas económicas, pasando por el pago de tributos. Para entender mejor el procedimiento, hay que pensar, por ejemplo, en el archivo de las carreras populares. Ahí se encuentran los datos de todas las personas que alguna vez se han inscrito en una carrera organizada por el Consistorio de Málaga.

En esta nueva tesitura, la Unión Europea empezará a exigir estos archivos a los ayuntamientos a través de la Agencia Española de Protección de Datos. A partir de ahora, habrá medidas más claras para el consentimiento del uso de datos y amplía los derechos de las personas en relación con el acceso y la conservación de los mismos. A partir de ahora, las administraciones públicas tienen que decir de dónde han obtenido los datos, para qué los van a utilizar y durante cuánto tiempo los van a conservar. En definitiva, todo lo relacionado con el tratamiento de los mismos.

El gerente del CEMI, David Bueno, admite que el nuevo reglamento le está suponiendo al Ayuntamiento un gran esfuerzo burocrático. Hasta el punto de que tiene a cuatro personas trabajando, exclusivamente, para centralizar la información personal de los ciudadanos de la que dispone el Ayuntamiento. «Para nosotros se complica todo muchísimo. Hemos tenido que concienciar a todos los responsables de todas las áreas, empresas y organismos municipales sobre este tema», explica que para la ocasión se ha desarrollado un plan de trabajo que cuenta con doce bloques. «La complejidad está en el cambio de la ecuación. Si antes el ciudadano no expresaba con claridad su contrariedad al uso de sus datos, éste se producía. Ahora es al revés, se exige un consentimiento explícito para ello», resume.

Más trabajo burocrático, sí, pero un avance para los derechos de los ciudadanos. «Ahora van a tener un control mucho más claro», resume Bueno.

El nuevo reglamento también exige el nombramiento de un delegado de protección de datos. Esta figura, obligatoria para todos los ayuntamientos, debe ser una persona con un conocimiento especializado en la materia. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Málaga no ha nombrado a nadie específico para este cargo.