Más de 500 juicios suspendidos y en torno a 200 jueces y fiscales de la capital, destinados en la Ciudad de la Justicia de Málaga, en huelga general. Estas son las cifras del paro total convocado este martes por las cuatro asociaciones de magistrados y las tres de acusadores públicos para exigir inversiones en justicia, mejoras procesales, organizativas y laborales, según ha confirmado el juez decano, José María Páez, quien acompañado de sus compañeros ha leído el manifiesto nacional en la sala cuatro del edificio. En la capital, la reivindicación básica es la de que hacen falta 30 nuevos juzgados. Es la segunda huelga de jueces de la democracia más allá de las convocadas en 2009, una cita históricaEs la segunda huelga de jueces de la democracia.
Desde primera hora de la mañana, se han podido ver pasillos con menos tránsito de abogados, funcionarios y ciudadanos de lo que es habitual, salas vacías, el parking del exterior ofrecía plazas libres y la entrada prácticamente sin registrar movimiento alguno. Esta es la foto de la huelga. A las 12.00 horas también ha habido una concentración en la puerta por los emolumentos que perciben los letrados de oficio, una más. En total, han sido más de 500 los juicios suspendidos, a excepción de las causas con preso, las medidas cautelares o el funcionamiento de los juzgados de guardia de Málaga capital.
l fiscal jefe, Juan Carlos López Caballero, por su parte, ha explicado en la Fiscalía Provincial harían falta 15 fiscales más para acometer el trabajo que tienen y que hay zonas como Fuengirola o Vélez y Torrox que tienen asignados sólo cuatro acusadores públicos, reivindicaciones ya históricas, ha señalado. La presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes García Ortiz, también se ha sumado al paro y ha pedido más togados para las salas civiles y penales. Asimismo, se han adherido los magistrados de las salas desplazadas del TSJA en la capital. La unión ha sido total.
En el manifiesto, titulado 'Crónica del histórico abandono judicial: por un sistema judicial moderno y eficaz', se recogen, tal y como ha leído el juez decano, las medidas propuestas. Páez ha recordado que hace ya diez años hubo movilizaciones y huelgas para modernizar el servicio. "Perdimos el miedo", ha dicho, pero la situación ha empeorado "notablemente". "Es evidente que no existe ninguna voluntad política por mejorar el funcionamiento de la Justicia, que sigue siendo la hermana pobre de las Administraciones Públicas", ha declarado, para recordar las inversiones llegadas a cabo en materia tributaria, sanitaria o de la Seguridad Social. "Por ignoradas razones, la Justicia se mira con desdén", ha añadido, para agregar que "frecuentemente se olvida su extraordinaria relevancia para la seguridad jurídica, la convivencia ciudadana, la economía y el progreso de un país".
Los ciudadanos, ha continuado, han de pasar muchas veces por la justicia, desde su nacimiento hasta su boda o divorcio, para reclamar el pago de una deuda, por un accidente o debido a un producto defectuoso, porque en el contrato hay una cláusula abusiva o se ha impuesto injustamente una multa. "Por los juzgados pasan todos los conflictos sociales, frecuentemente los más graves", ha añadido, para insistir en que deben funcionar con agilidad para no causar perjuicios a las personas y a las empresas. Pese a ello, España tiene la mitad de los jueces por habitante que los países de la Unión Europea. "La Justicia no interesa a los sucesivos gobiernos, tampoco al actual, quizás porque no da votos" y ello puede verse en la fallida subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado por la Justicia, que nos "ha brindado un espectáculo poco menos que lamentable".
"Hace falta una inversión suficiente que nos saque de esta situación de justicia decimonónica y artesanal, nos encontramos en una especie de día de la marmota judicial", ha explicado Páez, para recordar que el colectivo carece de recursos propios para hacer las reformas. "La Justicia en España será en definitiva lo eficaz que quiera el gobierno de turno". Ha destacado que sólo se invierte en Justicia el 1,15% de los presupuestos del Estado, y se hace de forma "descoordinada y desigual" por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las comunidades.
Las propuestas son ya clásicas: despolitización del Poder Judicial, un plan de inversión prolongado con un incremento de la planta judicial y fiscal y 300 plazas anuales durante 400 años, medios para luchar contra la corrupción y dinero para poder aplicar con "una mínima seriedad" y eficacia las nuevas leyes procesales como el estatuto de la víctima", determinación de la entrada máxima de asuntos por juzgado y tribunal para un trabajo ágil, juzgados suficientes, dignificación de las nuevas promociones, digitalización adecuada y eliminación de los recortes que se hicieron por la crisis en materia retributiva, vacaciones y permisos.
La mayor parte de estas medidas han sido reiteradas por los jueces decanos y las juntas de jueces, y "sinceramente las apoyará cualquier ciudadano que apueste por una Justicia moderna y eficaz". No son "caprichosas o descabelladas", sino que las han secundado miles de jueces y fiscales por toda España y "todos ellos no pueden estar equivocados".
La huelga y los paros parciales previos no es que sean necesarios, sino "inevitables e incluso responsables" con el fin de dar un vuelco "radical a la situación" para llegar a una Justicia independiente, moderna y ágil "en la que los jueces puedan trabajar en condiciones dignas y dedicar a cada asunto el tiempo y el estudio que merece", de forma que el servicio público tenga en su corazón al ciudadano y el objetivo último sea la calidad.
Piden, por último, el apoyo al resto de operadores jurídicos ante "el autismo" de los sucesivos gobiernos, así como también reclaman la complicidad de los ciudadanos, porque las reivindicaciones de los jueces son las suyas.
¿Por qué la huelga?
